El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Los recurrentes alegan que la norma impugnada podría contradecir diversos artículos de la Constitución (art. 9.3, 23, 122, 165, 167, 169, entre otros) por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ.