“El Gobierno ha subido el SMI un 30% en estos tres años y está plenamente comprometido con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio a final de la legislatura, que será un gran logro en términos sociales y de distribución de la renta”, ha dicho Calviño en una entrevista con ‘Ethic’ recogida por Servimedia.

Para lograr esa meta, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital defiende que “tenemos que seguir tomando las decisiones adecuadas en el momento oportuno, acompasando su ritmo de subida con la marcha del mercado de trabajo y, particularmente, del empleo juvenil”.

Preguntada por la advertencia del Banco de España de que la subida del salario mínimo frena la creación de empleo, responde que “la creación intensa de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales, en particular el alza del SMI, es la combinación más potente para que la recuperación económica venga acompañada de una reducción de la desigualdad, que es una cuestión absolutamente prioritaria para toda la sociedad”.

“Este Gobierno ha subido un 30% el SMI, algo que no se encuentra en otros países de nuestro entorno”, agrega Calviño. “Todo el Gobierno está comprometido con seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. En estos momentos, la prioridad tiene que ser reincorporar a los trabajadores cubiertos por los ERTE, algo que va avanzando a buen ritmo. Espero que pronto podamos retomar la senda de aumento del SMI en un contexto que minimice el riesgo para la creación de empleo”.

Sobre el diálogo social, comenta que “la hoja de ruta de reformas en el ámbito laboral es compartida con los agentes sociales”. “Creo que todos somos conscientes de que hay que abordar reformas que cuenten con el máximo apoyo social para que se mantengan en el tiempo. Por eso, el diálogo social es clave en este ámbito. Las negociaciones no son sencillas, pero si hay voluntad de entendimiento, se lograrán los acuerdos necesarios”.

En cuanto al sistema público de pensiones, la vicepresidenta sostiene que “las reformas no responden a una necesidad a corto plazo, sino a la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista de la justicia intergeneracional de garantizar pensiones dignas hoy, y también dentro de 20 ó 40 años. Hay que pensar en las generaciones futuras”.