Fuentes del Alto Tribunal indicaron que la vista oral contra Garzón, que correrá cargo de un tribunal formado por siete magistrados de la Sala de lo Penal, se iniciará el 29 de noviembre.

El magistrado, suspendido cautelarmente en sus funciones, está acusado en esta causa de delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación. El instructor del caso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral contra Garzón en un auto dictado el pasado 11 de abril.

El instructor aseguró en esa resolución que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".

El objetivo del magistrado de la Audiencia Nacional era "obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos".

Esto provocó, a juicio de Barreiro, que Garzón, la Policía y la Fiscalía “tuvieran acceso de este modo a información relevante con anterioridad a que los imputados prestaran nueva declaración en el proceso”. De esta forma, “accedieron indebidamente a las estrategias de defensa establecidas entre los internos y sus abogados”.

DEFENSA DE GARZÓN

El juez Garzón, en su escrito defensa, aseguró que “jamás” utilizó el contenido de las conversaciones. Para reforzar esta idea, el juez señaló que cuando recibió la trascripción de las conversaciones mantenidas en la cárcel entre el presunto "cerebro" del "caso Gürtel", Francisco Correa, y su supuesto "número dos", Pablo Crespo, con sus respectivos abogados, ya se había expresado a favor de inhibirse y dejar la investigación sobre la trama de corrupción en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“Todo lo cual impide siquiera suponer perversas intenciones al acordar la medida, para y en función de lo conocido dirigir o encauzar las investigaciones en algún sentido”, destacó en su escrito.

EVASIÓN DE CAPITALES

Garzón reiteró además que ordenó grabar las conversaciones ante las evidencias de que Francisco Correa seguía controlando la evasión de dinero a paraísos fiscales desde la cárcel.

El escrito de defensa aseguraba que era “evidente que los imputados en prisión preventiva continuarían su actividad delictiva para la consecución de nuevos blanqueos, acciones que dada su situación de prisión, necesariamente habían de desarrollar mediante el concurso de terceras personas, abogados o no”.

El magistrado aseguraba además que hasta recibir la trascripción de las grabaciones no supo que el abogado Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional y artífice de la querella presentada en su contra, había visitado a Correa y Crespo en la cárcel.

OTRAS DOS CAUSAS

Garzón se encuentra también a la espera de juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, una causa en la que las acusaciones piden para él 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del "caso Gürtel", Garzón está encausado en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York.