Fue en diciembre de 2009, tras el escándalo del “caso Gürtel”, cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobó un nuevo Código de Buenas Prácticas para reforzar los controles internos contra cualquier práctica corrupta en sus filas.

Según el PP, “la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales” del partido, “ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”.

Por eso, dice que reforzará “la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción”. “Aseguraremos su rápido enjuiciamiento. Mejoraremos la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas”, añade.

Además, indica que “regulará las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del gobierno y de los altos cargos del Estado”.

El PP propondrá una “ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que establezca los deberes de las administraciones en esta materia y garantice a los ciudadanos la efectividad de este derecho de acceso”.

“Impulsaremos para su aprobación, junto al resto de las fuerzas políticas, un acuerdo de bases por la transparencia y contra la corrupción en el ámbito local”, añade el programa electoral del PP.