En esta investigación, ambas ONG instan a los Estados participantes en la próxima cumbre del Clima (COOP 26), que arrancará en la ciudad escocesa de Glasgow el 1 de Noviembre, a abordar “soluciones de acogida permanente” para los “desplazados climáticos”.

El trabajo presentado hoy recoge los últimos datos del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, que cifra este fenómeno en unos 40 millones de personas que migran cada año (sin incluir las movilidades internacionales).

De estas, el 25% se debe a conflictos armados y el resto (más de 30 millones) a cuestiones medioambientales, dentro de las cuales destacan las relacionadas con el cambio climático.

Así lo expuso Javier Raboso, responsable de la campaña de Paz y Derechos Humanos de Greenpeace España, tras distinguir entre migraciones por “fenómenos geofísicos inevitables, que nada tienen que ver con el clima”, como terremotos o erupciones volcánicas; y las relativas a cuestiones climáticas, que “son la gran mayoría”.

“Aquí encontramos las grandes catástrofes climáticas, como incendios o inundaciones”, prosiguió, pero “también hay muchas personas que migran porque, poco a poco, ven cómo empeoran sus cultivos, cómo cada vez les resulta más difícil acceder al agua, etc.”. Es decir, “se trata de migraciones ‘en cierto modo planificadas’, en las que no se ven miles de personas que se lanzan al mar con sus barcas”, aclaró.

Raboso señaló que “estos datos hay que tomarlos con cautela”, puesto que muchas de estas personas “tienen la intención de volver a sus hogares en cuanto las condiciones de vida mejoren, y algunas de hecho lo hacen”. “Además, no incluyen las movilidades entre países”.

En el informe, se destacan los casos extremos de las islas del Pacífico sur; del corredor seco Centroamericano y de Bangladesh.

Se expone, por otro lado, el ejemplo de Senegal y Mauritania, donde la migración climática no se debe exactamente a un deterioro medioambiental, sino “al expolio pesquero en su costa”, promovido por otros países, entre ellos, los de la UE.

Según sus conclusiones, “muchos países del sur global se ven muy perjudicados” por el modelo de negocio de las empresas y de los Estados del norte”, que impactan directamente en sus recursos ambientales (agricultura, pastos, pesca…).

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, resaltó, además, que la mayoría de estas migraciones no se producen del sur al norte, sino que hasta un 90% tienen lugar dentro del mismo país. "También hay personas que dejan su lugar de origen por cuestiones climáticas en el propio norte global”, como en España o en Estados Unidos, donde los últimos incendios han causado un millón de desplazados.

CUESTIÓN DE DERECHOS

La directora ejecutiva de CEAR, Estrella Galán, destacó a su vez que “detrás de la gran mayoría de las personas que migran por razones económicas o relativas a la violencia suele haber más desdibujada una causa ambiental”, que “les ha expulsado de sus territorios”.

“Hay, además, una dimensión de derechos humanos”, prosiguió, ya que “su derecho a la alimentación, al agua potable, a la vivienda… se ve vulnerado” por este deterioro. Por eso, “es preciso aplicar una mirada de justicia social y ambiental” a este fenómeno, que “tiene un mayor impacto en los grupos más vulnerables (minorías étnicas, mujeres, etc.) y en las poblaciones menos implicadas en su generación”.

Por todo ello, exigió “soluciones estables, seguras y duraderas” para las personas que migran por cuestiones climáticas, cuya “situación no es ninguna prioridad para los líderes globales, incluidas las autoridades de nuestro país”. A su juicio, “esto es una cuestión de voluntad política y de determinación”.

SOLUCIONES

La responsable de Incidencia de CEAR, Nuria Díaz, lamentó que “la gran mayoría de soluciones se articulan por razones humanitarias”, cuando “creemos que la cuestión debería enfocarse desde una perspectiva de derechos humanos".

Aunque sí hay “instrumentos jurídicos, faltan textos legales vinculantes”, y señaló que las propuestas que en la actualidad se negocian de cara al Pacto Europeo de Migración y Asilo no mencionan por ejemplo esta realidad.

En cualquier caso, en La UE “sí que rige el principio de no devolución”, por el que las personas no pueden ser devueltas a aquellos países donde su vida corra peligro, y esto incluye a los desplazados climáticos, afirmó Díaz.

En su opinión, los Estados sí podrían aplicar los principios de la Convención de Ginebra para proteger a aquellas personas cuyos “derechos humanos se ven vulnerados por cuestiones climáticas” o que “son perseguidas” por defenderlos.

También pidió a la UE incluir en su reglamento de “gestión de crisis” a aquellas personas que huyen por causas climáticas, y reclamó la concesión de visados humanitarios y de “otras vías legales y seguras” dirigidas a tales colectivos. “Es una oportunidad para Europa avanzar en este sentido”.

A nivel nacional, prosiguió, los países podrían hacer “una interpretación más amplia e inclusiva de la convención de Ginebra”. Por ello, Díaz instó a España a avanzar en es te terreno y a conceder la protección subsidiaria en los casos en que no sea posible.

Finalmente, Saldaña reclamó a todos los participantes en la COOP26 “desbloquear los 100.000 millones de euros comprometidos en la Cumbre de París para ayudar a los Estados más pobres a adaptarse al cambio climático. “Sin recursos, no podrán hacerlo”.