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Unanimidad en el Senado para reclamar baños adaptados a las personas ostomizadas en los edificios públicos

MADRID

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado pidió hoy de forma unánime que los edificios públicos dispongan de baños adaptados para las personas ostomizadas y que promueva su implantación en aquellos edificios privados que, por el movimiento de personas que acogen, así lo requieran.

Apela para ello a la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, a fin de dar cumplimiento a la Ley 10/2014 de Accesibilidad, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y contribuir a la eliminación de barreras.

Respaldada con 28 votos a favor, la moción fue propuesta por el Grupo Popular, que en un principio pedía al Gobierno la dotación de este tipo de baños en todos los edificios públicos y su promoción en los edificios privados mediante campañas de sensibilización. Finalmente se incluyó una enmienda del PSOE para flexibilizar el texto, que aboga por avanzar hacia una mayor accesibilidad e ir adaptando estos baños.

En la exposición de motivos, la senadora popular Violante Tomás señaló el gran “impacto emocional” del sometimiento a una ostomía para las personas que sufren esta intervención (precisan de una bolsa externa adherida al abdomen para recoger las heces), y apeló a razones de “salud e higiene”, pero también de “dignidad” para solicitar la instalación de estos baños adaptados.

En general, estos baños requerirían de retretes más altos, ya que “las personas ostomizadas han de inclinarse o incluso arrodillarse para vaciar sus bolsas”; deberían ser amplios, y convendría que ofreciesen una percha para facilitar la tarea.

Tomás reflexionó sobre el “aislamiento social” que muchas de estas personas sienten por la falta de baños adaptados. De ahí la necesidad de estas instalaciones, a fin de que estas personas puedan salir, disfrutar del ocio, la cultura e incluso encontrar un trabajo”, subrayó.

Por otro lado, el Senado aprobó otra moción que pide al Gobierno agilizar el proceso de aprobación y puesta en marcha del nuevo baremo para la obtención del certificado de discapacidad, también de forma unánime.

Impulsada por el PP, la iniciativa reconoce que ciertas enfermedades y discapacidades quedan fuera del sistema actual, que responde a un modelo médico rehabilitador y “no al enfoque social de la discapacidad” establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También señala los perjuicios que los retrasos en la acreditación de una discapacidad puede ocasionar al interesado.

(SERVIMEDIA)
13 Oct 2021
AGQ/clc/

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