“Sin embargo”, añadió, “ello no impide que, en aras a la transparencia y la disponibilidad de crédito, se realice una estimación de estos importes”.

Indicó que se hará “siguiendo además las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización de las Cuentas de la Comunidad de Madrid de 2019”.

A su juicio, a esta situación “además habría que añadir que las liquidaciones se han visto lastradas por las discrepancias de todo tipo surgidas entre las partes: respecto de las obligaciones económicas pendientes; interpretativas en torno a otras cuestiones como la aplicación de indicadores; el sistema de actualización de tarifas o el abono de IVA”.

“También en torno al propio proceso liquidador, cuya resolución no siempre ha estado en manos del Servicio Madrileño de Salud”, dijo el consejero, quien también citó el “incremento en la judicialización de las resoluciones”.

En definitiva, destacó, “se trata de previsiones realizadas en función de los datos que disponemos. Pero nunca de deuda. Y menos aún, oculta”.

A su juicio, “tampoco se puede hablar de dejadez” por parte del Gobierno regional, “teniendo en cuenta la complejidad y la extensión en el tiempo de los procedimientos a los que me referido antes”.

“Mi compromiso es seguir trabajando para mejorar los procedimientos administrativos y acelerar, en todo lo que sea posible, la tramitación de todo lo relacionado con las liquidaciones, sin dejar de mantener el rigor, para que se abone solamente aquello que realmente corresponde a la actividad asistencial de estos hospitales, efectivamente realizada y verificada”, consideró.

COLABORACION PUBLICO-PRIVADA

Explicó que la colaboración público-privada en la atención y gestión hospitalaria se articula a través de los modelos PFI (Private Finance Initiative), al que responden el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles; el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba.

“Se trata de un modelo en el que la empresa concesionaria recibe por parte de la Administración, además del canon correspondiente a la construcción y mantenimiento de las infraestructuras y de la concesión de los servicios no sanitarios, la cápita anual por la población de referencia a la que se presta asistencia sanitaria”, señaló.

Aclaró que su sistema de remuneración se centra en la “asignación de una cápita poblacional, percibiendo una cuantía revisable anualmente por población asignada (la de sus Zonas Básicas de Salud) y manteniendo algunas líneas de actividad que también se retribuyen, en Farmacia especialmente, como la Hepatitis C”.