Así lo demandaron la directora de Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano; la secretaria ejecutiva de CRUE Asuntos Estudiantiles, Ángela Alcalá; y la directora de Fundación Universia, Sonia Viñas, durante la presentación en Servimedia del V Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, organizado por Fundación ONCE y la Universidad de Salamanca. El encuentro citará de forma ‘online’ a 1.000 participantes de 23 países del 20 al 22 de octubre.

Alcalá pidió “ir de la mano” de los estudiantes y las entidades de la discapacidad porque hay “muchísimas barreras que saltar, de aprendizaje, arquitectónicas y de inclusión”. “Y hay que tener en cuenta la formación del profesorado. Todo esto tiene que contemplarlo la LOSU”, añadió, para reclamar que la nueva ley recoja las necesidades del estudiantado con discapacidad.

“Creemos que es poco ambiciosa. No aborda integrar los problemas que hay ahora mismo”, lamentó Isabel Martínez Lozano sobre el texto legislativo. “No nos gusta demasiado lo que hemos visto”, a pesar de que, matizó, “se ha avanzado mucho”. “Esperábamos más”, añadió.

En su opinión, al hablar de inclusión hay que hablar de recursos. “Tiene que contener en esa financiación estructural”, porque la inclusión supone recursos de apoyo y oficinas de atención a la discapacidad en los campus, explicó.

Desde el movimiento asociativo, encabezado por el Cermi y Fundación ONCE, se han trasladado esas demandas al Ministerio de Universidades, agregó, por lo que esperan “que el anteproyecto mejore, que se traduzca en políticas y prácticas universitarias concretas” para que la Universidad sea “ascensor social” también para las personas con discapacidad. “Necesitamos que se aborde de una manera seria”, reclamó.

NADIE ATRÁS

La directora de Fundación Universia, Sonia Viñas, también aseguró que la futura LOSU es “mejorable”, a pesar de que sus expectativas eran “altas”, “por el proceso participativo y de escucha previo. Por eso propuso a los legisladores que no se deje a nadie atrás. “Eso significa no dejar atrás a las personas con discapacidad. Y lo tiene que reflejar la norma”, dijo.

También se refirió a otros temas que cree que debe incluir la futura ley, como accesibilidad digital, modelos de aprendizaje y conexión con el empleo. “Sin inversión no vamos a poder trabajar en algunos aspectos”, agregó.

Finalmente, Martínez Lozano reclamó al Gobierno que haga seguimiento de los fondos europeos que transmite a las comunidades autónomas para la educación y que, en su opinión, debe incluir la accesibilidad en la transformación digital.

“Es cuestión de voluntad política y de muchísimo seguimiento, no se puede limitar a dar el dinero. Confiamos que tenga capacidad de influencia y decisión en esas inversiones”, dijo, reconociendo “muchas reservas y muchos miedos de que no se haga adecuadamente”. “Habremos perdido una oportunidad”, zanjó.