También pide que se establezca un protocolo hospitalario que contemple que los restos humanos del aborto puedan ser reclamados por los padres y entregados a ellos, independientemente de su edad gestacional o peso, y se les permita darles uno de los destinos que la legislación autonómica en materia de sanidad mortuoria contempla.

Además, establece que se ofrezca a los padres, antes de realizar un legrado o proceder a la provocación del parto de un feto muerto, toda la información sobre el posible destino de los restos de su hijo de manera que puedan decidir libremente y con conocimiento respecto a su tratamiento.

La diputada de Vox Gádor Joya afirmó que con esta iniciativa se busca "que se acompañe a los padres durante ese momento trágico pero también al hijo muerto". "Hoy en día los padres que pierden a los hijos, en los centros sanitarios, pero también en las casas, están a expensas de que los profesionales que les atienda estén lo suficientemente sensibilizados o a expensas de las circunstancias para recibir una atención en ese momento. Es cuestión de suerte", manifestó.

LA IZQUIERDA, EN CONTRA

La diputada de Unidas Podemos Paloma García criticó que Vox esté "utilizando a las mujeres que se les malogra un embarazo para instrumentalizarlas" con el único objetivo "de ir contra el derecho al aborto".

La diputada socialista Lorena Morales dijo que Vox busca "remover debates que están socialmente superados" cuando no existe un debate sobre el aborto más que el que quieren poner sobre la mesa "cuatro retrógrados" que van "a las puertas de las clínicas coaccionando a las mujeres".

La diputada de Más Madrid Tania Sánchez dijo que esta propuesta de Vox no era "para hacerse cargo del dramático sufrimiento de madres y padres que pierden un bebé esperado sino que es una gotita más en su particular y bastante fanática lucha contra el aborto, las feministas y en general contra las mujeres".

Por último, la diputada del PP Ana Dávila dijo que desde su partido siempre van a "defender y apoyar todas las iniciativas que supongan que las personas puedan actuar ejerciendo sus libertades y que favorezcan que desde las distintas administraciones se gestione respetando sus derechos como hace el Gobierno de la Comunidad".