El altercado tuvo lugar al inicio de la vista oral, durante el turno de primera palabra de los acusados. Arzallus y Mendizabal se negaron a ponerse en pie para que les fueran leídos sus derechos.

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, dijo que no había dado a los etarras “autorización para sentarse” y ordenó a los agentes que les pusieran en pie.

Los policías accedieron al habitáculo blindado en el que se encontraban los terroristas y, agarrándoles por la sobaquera, les obligaron a la fuerza a ponerse en pie ante la resistencia de los acusados, lo que dio lugar a un forcejeo que acabó con Arzallus empotrado contra el cristal.

Arzallus y Mendizabal acertaron a decir en euskera que no reconocen la legitimidad del tribunal “para juzgar a militantes vascos”.

ACUSACIÓN CONTRA “TXEROKI”

El fiscal encargado del caso, Marcelo Azcárraga, solicita sendas penas de 20 años de cárcel para Arzallus y Mendizabal al atribuirles tres delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. La Fiscalía también acusa del atentado frustrado al que fuera máximo jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias “Txeroki”, quien no se ha sentado en el banquillo de los acusados por encontrarse preso en Francia.

El representante del Ministerio Público sostiene que “Txeroki”, Arzallus y Mendizabal, que formaban el “comando Olaia” de ETA, elaboraron una serie de paquetes-bomba en el piso franco que tenían en Amorebieta (Vizcaya).

Los tres etarras enviaron el 17 de enero de 2002 uno de los paquetes-bomba, compuesto por cerca de 230 gramos de dinamita y dotado de un sistema-trampa diseñado para detonar el explosivo al abrirse, al domicilio en Leioa (Vizcaya) de Guerrero Martínez. Los terroristas estamparon en el remite la dirección y el sello de Confebask, la patronal vasca. Un empleado de una empresa de mensajería entregó sobre las 17.30 horas el paquete a la madre de la delegada de Antena 3.

PROTOCOLO DE “AMENAZADOS”

Guerrero Martínez, que declaró por videoconferencia, explicó que se encontraba trabajando cuando su madre le llamó para advertirle de que había recibido un paquete. “Se me encendieron todas las alarmas”, dijo antes de explicar que los “amenazados” por ETA seguían un protocolo según el cual no podían recibir correspondencia en sus domicilios.

Cuando se disponía a llamar a la Ertzaintza, la delegada de Antena 3 recibió una llamada de la propia policía autonómica en la que se le alertó de que había sido interceptada una furgoneta de mensajería con dos paquetes-bomba (uno de ellos remitido al presidente del Consejo de Administración del Grupo Correo, Enrique Ybarra Ybarra, que tampoco llegó a explotar).

La Ertzaintza sospechaba que un tercer paquete había sido enviado a su domicilio.

Guerrero Martínez llegó a su casa cuando la policía autonómica ya había desalojado el edificio y los artificieros estaban desactivando el artefacto.

La antigua delegada de Antena 3 en el País Vasco explicó que su sobrina de tres años había estado jugando con el paquete-bomba, diciendo que era un “regalito para la tía” y que estuvo a punto de abrirlo. Su madre sufrió trastornos depresivos a raíz de este episodio.

El intento de atentado fue reivindicado por ETA a través de un comunicado publicado por el diario “Gara” el 4 de abril de 2002.

Además de las penas de cárcel, el fiscal pide que se condene a los etarras a indemnizar a Guerrero Martínez con 100.000 euros y a sus familiares con 50.000.