Según informó el Ejecutivo, este plan "plantea la mejora de los sistemas de recogida de información estadística institucional relevante, el fortalecimiento de las redes de cooperación entre entidades e instituciones y el diseño y puesta en marcha de planes de prevención dirigidos a grupos especialmente vulnerables".

La estrategia integral reconoce que las actitudes y manifestaciones discriminatorias y los hechos de violencia y odio por origen racial o étnico están presentes en la sociedad española, pero señala la voluntad de evitar el riesgo que su persistencia podría significar, tanto para el pleno disfrute de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas, como para la convivencia y la cohesión social del país.

"El Gobierno considera que la erradicación de cualquier forma de discriminación, incluidos el racismo y la xenofobia, es la única vía para que los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todos los ciudadanos", señala la nota del Ejecutivo.

La Estrategia integral se dirige a toda la sociedad, aunque contempla situaciones específicas de determinados colectivos, como la población gitana y los ciudadanos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellos, las personas de origen migrante, refugiadas, menores no acompañados o aquellas que puedan sufrir una discriminación múltiple por razón de género, convicciones religiosas, etc.

Un aspecto fundamental del programa es la prevención y protección a las víctimas de discriminación, concretado en medidas como el diseño y puesta en marcha de planes de prevención dirigidos a grupos especialmente vulnerables.

La Estrategia integral ha sido sometida a la consulta del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por origen racial o étnico, la Comisión Interministerial de Extranjería y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.