En rueda de prensa, López Cortiñas pidió encarecidamente que “sobre todo (el nuevo ejecutivo) no nos someta al debate de una nueva ley educativa”, y que “no nos vuelva a enfrentar” ni "tampoco reabra “la guerra entre escuela pública y privada”, reclamó.

A su juicio, el sistema actual, que recoge muchos puntos del fallido pacto de estado, “es lo suficientemente flexible para que cada administración fije distintas prioridades sin necesidad de cambios legislativos”.

“Lo que realmente hace falta para combatir el abandono escolar y mejorar el nivel educativo es inversión”, y eso es lo que hay que garantizar, subrayó López Cortiñas.

De ahí que igual que se modificó la Constitución para introducir un techo de gasto”, la carta Magna tendría que ser reformada para incluir “un mínimo de gasto” en referencia a la educación, afirmó.

“Este mínimo debería aproximarse al 7% del PIB que la UE destina a educación como media y superar el 4,9% que España invierte en la actualidad, puntualizó el líder sindical, para quien los datos de 2005 a 2009 demostraron cómo si aumenta la inversión se reduce el abandono escolar.

OTRAS MEDIDAS

Asimismo pidió extender la educación gratuita de 0 a 3 años y abogó por reformar la LOE y flexibilizar con ello el Bachillerato, a fin de permitir que los centros puedan organizar esta etapa en dos o tres años según sus necesidades.

Con esto combatiríamos el alto grado de abandono en esta etapa, destacó López Cortiñas, para quien la medida sería tan positiva como la flexibilidad del 4º de la ESO introducida en la Ley de Economía Sostenible, que FETE-UGT apoyó.

Según señaló, el sistema educativo español no puede perder la equidad que le ha caracterizado” y que junto a Finlandia, hace de él el más inclusivo de la OCDE.

En cinco años hemos pasado del 1,6 al 10,5% de alumnado inmigrante, con centros donde esta cuota llega al 60%”, destacó López Cortiñas.

Por ello defendió una inversión suficiente y aseguró respaldar “los conciertos, que garantizan la universalidad del sistema”, pero no las subvenciones a colegios privados.

Finalmente, defendió la propuesta de aprobar una ley nacional de autoridad del profesor y adelantó que para el primer tercio de la próxima legislatura exigirán la aprobación definitiva del estatuto de la función Pública docente.