Durante la defensa del decreto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que la ley es el “principio de un camino prometedor”. “La rehabilitación de nuestras viviendas y ciudades será un factor decisivo para la implantación de esa nueva cultura y forma de vivir, que queremos que sea más sostenible y hermosa”, afirmó.

La ley se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dotará de 6.800 millones de euros a todas las medidas dirigidas a impulsar la mejora de la eficiencia energética de los edificios y viviendas españolas, lo que supondrá la segunda mayor inversión realizada por el Gobierno con fondos europeos.

Con este decreto-ley, el Gobierno quiere avanzar en la rehabilitación del parque urbanístico, ya que más de la mitad de los edificios acumula, como mínimo, 40 años en pie. Además, la actividad de la rehabilitación en España es entre 8 y 10 veces más lenta que la de los países del entorno.

Para incentivar la rehabilitación de la vivienda, el real decreto-ley establece tres tipos de deducciones temporales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La primera descuenta hasta el 20% del importe de la obra a aquellos contribuyentes que mejoren la eficiencia energética en su vivienda habitual o arrendada, con una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. En este caso, la ayuda puede a ascender hasta un un máximo de 5.000 euros anuales

La segunda deducción eleva el importe descontado hasta el 40% en aquellas obras realizadas en la vivienda habitual o arrendada que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en un 30% o más, con un máximo de 7.500 euros anuales. Asimismo, la ley recoge que también serán elegibles aquellas obras que mejoren la calificación energética de la vivienda a la etiqueta ’A’ o ‘B’.

Estas dos primeras deducciones ya han entrado en vigor y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2022. Por su parte, la última deducción estará vigente hasta la finalización del ejercicio correspondiente al año 2023.

EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Dicha ayuda estará destinada a los edificios que alberguen múltiples viviendas (bloques de pisos) y será aplicable siempre y cuando contribuyan a reducir el consumo de energía primaria no renovable en un 30%, o mejorar la calificación energética de la vivienda a la etiqueta ’A’ o ‘B’. Los propietarios podrían beneficiarse de un descuento de hasta el 60%, por un importe máximo de 15.000 euros.

Sobre este último caso, el real decreto-ley también establece que las propiedades horizontales llevarán a cabo mejoras de eficiencia energética o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común siempre y cuando así lo aprueben las comunidades de vecinos por mayoría simple. Además, la ley de dota de personalidad jurídica a las agrupaciones de propietarios para que estos tengan menos dificultades a la hora de acceder a estas ayudas.

LÍNEA DE AVALES

Asimismo, el decreto-ley recoge el nacimiento de una línea de avales para financiar las obras de rehabilitación de viviendas que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética.

Todos los contribuyentes podrán acceder a estos préstamos de carácter finalista, que financiarán hasta el 80% de las reformas, aunque podrán alcanzar el 100% cuando beneficien a colectivos vulnerables.

En total, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá conceder créditos por un importe máximo de 1.100 millones de euros, con un plazo de devolución de hasta 15 años.

“Todas estas medidas despejarán el camino para el efectivo despliegue de las ayudas previstas, que tendrá un efecto directo sobre el confort y la calidad de vida de los ciudadanos y los correspondientes ahorros energéticos, y generará una serie de efectos inducidos de la mayor importancia en los próximos años”, afirmó Sánchez, para después apelar a las comunidades autónomas y apelarlas a realizar “todas las actuaciones necesarias” para alcanzar “los objetivos deseados”.

143 ABSTENCIONES

Desde el PP consideraron que el real-decreto “tiene aspectos positivos” para eliminar un “cuello de botella importante”, que es el que “impide” el gasto de las comunidades de vecinos y familias. Sin embargo, la diputada Ana María Zurita criticó que el decreto-ley es “pobre” y opinó que no será “suficiente” para alcanzar los objetivos de la descarbonización en edificación, así como para resolver los “problemas colaterales”.

Vox mostró su rechazo frontal al texto porque desde el partido opinan que “se aleja” de los “problemas reales” de los españoles, aunque finalmente se abstuvo. El diputado Rodrigo Jiménez Revuelta también denunció que las políticas del Gobierno “generan más pobreza y miseria”. “Cada vez que gobiernan ustedes, el paro se dispara y aumenta la pobreza”, aseveró.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos (UP) Antonia Jover Díaz señaló que el gobierno de coalición demuestra con este decreto que “sabe muy bien que el ecologismo no puede limitarse a eslóganes o pines en la solapa”, y defendió que el Ejecutivo ha iniciado un “camino radicalmente distinto” al del Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusó de aplicar “medidas austeritas” para “salvar” a los bancos.

Desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) aseguraron que el decreto-ley es un “primer paso”, pero pidieron introducir más medidas que incentiven la rehabilitación edificatoria. En este sentido, el diputado Joan Capdevila i Esteve afirmó que el Gobierno pierde una “oportunidad” de acelerar la persecución de objetivos y que la ley introduce “barreras” para los colectivos vulnerables.

Ciudadanos también apoyó el texto, aunque el diputado Juan Ignacio López-Bas reconoció que “no les convence del todo” y opinó que se pueden introducir mejoras para “ampliar” la regulación. Asimismo, criticó el “abuso” de la figura del decreto-ley por parte del Gobierno.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) mostró su apoyo a las medidas impulsadas en el decreto-ley, pero recordó que, para introducir modificaciones en el IRPF, el Estado debe llegar a acuerdos con los conciertos económicos del País Vasco y Navarra. “Dejen de utilizar esta inaceptable rutina centralizadora y respeten las competencias de las comunidades autónomas en aquello en los que aún no están permitiendo actuar”, advirtió el diputado Íñigo Barandiaran Benito.

1,2 MILLONES DE REHABILITACIONES

Por último, cabe subrayar que la meta de este real decreto-ley es acelerar el ritmo de la rehabilitación del parque urbanístico, con la pretensión de alcanzar el objetivo de mejorar la eficiencia energética de hasta 1,2 millones de viviendas para 2030, como bien recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

En la actualidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana calcula que se ejecutan 30.000 rehabilitaciones anuales de vivienda, todo ello en un parque urbanístico caracterizado por su antigüedad, ya que más de la mitad de los edificios residenciales se construyó antes de 1980, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como consecuencia de esta realidad, el 84,5% de los edificios cuenta con una eficiencia energética calificada entre las letras ‘E’, ‘F’ o ‘G’, las tres peores etiquetas.

Por el contrario, los edificios que alcanzan la mejor calificación, la letra ‘A’, apenas representan el 0,3 % del total en el caso de las emisiones, y se sitúan en el 0,2 % en el caso de consumo energético.