Según l FADSP, "el Gobierno entiende, al igual que el mundo empresarial, que la reforma del estado de bienestar consiste en recortar las prestaciones sociales, con el supuesto fin de ganar la batalla de la competitividad".

"Aunque esta posición es bien conocida, no ha dejado de sorprender, en un país como el nuestro que tiene un gasto social sumamente precario -8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea- la inusitada dureza del reciente decreto, restringiendo la protección del desempleo", agregó la ADSP.