Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, en el que se refirió al uso de este tipo de mecanismos automáticos, como el aplicado para la revalorización de las pensiones.

En lo que se refiere a la partida de gasto en pensiones contemplada en el proyecto de cuentas públicas del próximo año, Hernández de Cos advirtió sobre “ciertos riesgos de desviación al alza”, basados en “un posible repunte de la inflación en los meses finales de este año por encima de lo previsto en el borrador de Presupuestos”. En concreto, el Banco de España calcula que el gasto en pensiones podría situarse en torno a 1.500 millones de euros por encima de lo contemplado en el proyecto de PGE de 2022. A esta posible desviación, habría que añadir el coste de la compensación de las pensiones en 2021, que el Banco de España sitúa en torno a otros 2.000 millones adicionales.

Por otra parte, el gobernador del Banco de España recordó que en las reformas del sistema aprobadas en 2011 y 2013 se incluyeron mecanismos de ajuste con los que contrarrestar el impacto sobre el gasto del sistema derivado del fuerte incremento que se espera en la tasa de dependencia de nuestro país en los próximos años”.

Sin embargo, señaló que, “en los últimos años, estos mecanismos se han desactivado” y que la última reforma parcial, realizada este mismo 2021, “ha reintroducido formalmente un sistema de actualización de las prestaciones con la inflación”, lo que supondrá, citando estimaciones de la Airef, “un incremento adicional del gasto público en pensiones de entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales de PIB en 2050 con respecto al que ya se habría producido en un escenario en el que las pensiones se revalorizaran con el anterior Índice de Revalorización”.

Además, añadió que “la decisión de revocar el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 -que deberá ser sustituido por algún nuevo instrumento de ajuste en el futuro- implicará casi un punto porcentual más de gasto en 2050”.

Por otro lado, aseguró que el acuerdo alcanzado para aumentar las transferencias del Estado a la Seguridad Social, “si bien permite fortalecer la situación presupuestaria de esta última”, se produce “a costa de aumentar las obligaciones financieras del Estado”, por lo que el impacto de esta decisión en términos de la sostenibilidad del conjunto de las cuentas públicas “es nulo”.

De esta manera, Hernández de Cos indicó que, “dada la evolución esperada de la tasa de dependencia, en ausencia de medidas adicionales que permitan aumentar los ingresos del sistema o contener el incremento de los gastos -como reducciones de la tasa de beneficio o aumentos de la edad efectiva de jubilación-, el déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años”.

Por ello, considera “necesaria” una revisión del sistema público de pensiones “que garantice su sostenibilidad”, y, para ello, abogó por tener en cuenta “la distribución de costes y beneficios entre las distintas generaciones”.