Así lo decidió este consistorio tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía y que, según la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, supone un “mazazo” no solo para su Ayuntamiento, sino para todos los consistorios.

En este sentido, recordó que todos saben que el Tribunal Constitucional ha hecho lo que “venía avanzando” desde 2017, “echar abajo no el impuesto de la plusvalía en sí, sino la fórmula de cálculo de la base imponible, que es lo que se deberá regular de nuevo”. En concreto, en 2017 declaró inconstitucional la aplicación del tributo en casos donde no había ganancia patrimonial.

En 2019, continuó, “cuestionó” el método de cálculo y anuló la plusvalía en aquellos casos en los que, habiendo ganancia patrimonial, el impuesto era mayor a la misma y ya entonces lo calificó de “confiscatorio”. “Desde el Ayuntamiento no tenemos capacidad de modificación alguna de la aplicación de esta fórmula ni potestad legislativa, sólo reglamentaria”, dijo.

SENTENCIA 2017

Asimismo, la alcaldesa comunicó que se ha firmado un decreto por parte de la concejala de Hacienda en el que se insta al personal a que no se tramiten liquidaciones en virtud de este impuesto. En este aspecto, apuntó que hubiese sido “beneficioso” que desde 2017, cuando se publicó la primera sentencia, el Gobierno anterior del PP hubiera tomado la misma decisión.

Sin embargo, lamentó que hizo “caso omiso” y decidió seguir cobrando el impuesto. Todo ello, según De Andrés, generó “multitud” de pleitos y de devoluciones de principal, los correspondientes intereses y costas judiciales.

Desde su llegada al Gobierno de Alcorcón, han tramitado 250 expedientes de devolución favorables a los vecinos de Alcorcón que no debieron pagar el impuesto, pero el PP les “obligó” a ello. De hecho, en el pleno celebrado ayer había 13 resoluciones de devolución de intereses de los cobros “indebidos” que se produjeron en su momento”.

IMPUESTOS

A su vez, destacó que los impuestos se regulan por ley y son aplicados de la forma que establece el legislador y sin posibilidad de modificación alguna por los ayuntamientos, al tiempo que explicó que el impuesto de plusvalía es el segundo “más importante”, después del IBI, que reciben los ayuntamientos, y en el caso de Alcorcón “tenemos 13 millones de euros presupuestados para este año”.

“De la nueva regulación dependen los presupuestos de miles de ayuntamientos y, según nos informó ayer mismo el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya está trabajando en una propuesta para llevar al Congreso de los Diputados para la modificación sobre el cálculo”, comentó.

De Andrés también expuso que es “evidente” que esos ingresos que los ayuntamientos no van a percibir deberán ser “equilibrados de alguna manera”. Ante este aspecto, se mostró de acuerdo con la propuesta que hace la FEMP, que plantea que se genere un fondo de compensación por parte del Estado para poder equilibrar esos presupuestos porque, según la Constitución, “se debe garantizar la autonomía y capacidad financiera de los ayuntamientos”.

Para De Andrés, esta situación se debe resolver de manera “inmediata” por parte del Estado, a través de un fondo de compensación para los ingresos que no se van a producir en los ayuntamientos, así como con una regulación “clara” para que tengan seguridad jurídica “todos”, ya que esto “trastoca de una manera importantísima” la situación económica financiera de los consistorios.