En la cita, expertos juristas como la abogada especializada en discapacidad intelectual María José Ruano Barroso; el abogado especialista en el ámbito de la discapacidad, mecanismos de apoyo en materia civil, familias y sucesiones José Luis Castro-Girona Martínez; y el notario especialista en temas de sucesión en personas con discapacidad intelectual Manuel Lora-Tamayo Villacieros abordaron temas como la reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento en materia de capacidad jurídica, los conflictos parentales y el testamento.

El presidente del patronato de Down Madrid, Ignacio Egea Krauel, que fue el encargado de inaugurar la jornada, manifestó que desde la entidad se pretende dar apoyo a las familias en todos los ámbitos de la vida, y en cada momento. Además, agradeció tanto a los ponentes como a Esade su involucración en esta jornada.

En la primera de las ponencias, a cargo de la abogada María José Ruano Barroso, se trató la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor en el mes de septiembre con la Ley 8/2021, de 2 de junio.

Esta norma adecúa el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la igualdad y no discriminación en cuanto a la capacidad jurídica para este colectivo. Dicha legislación trae consigo múltiples cambios que afectan a las personas con discapacidad que ya habían modificado su capacidad de obrar y a aquellas que iniciarán el proceso cuando alcancen la mayoría de edad, por lo que es un tema “esencial” para las familias.

RESPETO A LA VOLUNTAD, DESEOS Y PREFERENCIAS

Durante la ponencia, Ruano explicó que esta Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para que puedan obrar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Así, dijo, se pasa de un sistema basado en la sustitución y representación, con figuras como la tutela o la patria potestad, a otro en el que el eje fundamental es el respeto a la voluntad, deseos y las preferencias de las personas con discapacidad, que serán las encargadas de tomar sus propias decisiones con los apoyos necesarios.

En este sentido, recalcó que ese apoyo, denominado curatela, tendrá que ser de carácter asistencial y solo será posible atribuir a esa persona de apoyo funciones de representación en casos que precisen una intensidad de apoyo extensa. Asimismo, subrayó que se establece la necesaria revisión periódica de las medidas de apoyo establecidas.

Seguidamente, el abogado especialista en el ámbito de la discapacidad, mecanismos de apoyo en materia civil, familias y sucesiones José Luis Castro-Girona Martínez aclaró que las personas que ya tienen modificada su capacidad podrán solicitar la revisión de las medidas establecidas antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

En este punto, el experto destacó que otra forma de manifestar la autonomía individual es la autocuratela, que consiste en decidir sobre el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas para ejercer las funciones de apoyo.

Casto-Girosa ahondó en el concepto de patria potestad, que corresponde a ambos progenitores por regla general, aunque varía en determinados supuestos y en cómo abordar la guarda y custodia en caso de separación, regulando aspectos como el derecho a las visitas o el uso y disposición de la vivienda familiar.

También aclaró los cambios en el ámbito de la contratación, en el que se elimina la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, presumiendo la plena capacidad y en los ámbitos de la responsabilidad civil extracontractual y de la responsabilidad derivada del delito. El experto concluyó recordando que esta nueva ley elimina la posibilidad de esterilización forzosa.

TESTAMENTO

Por último, se puso sobre la mesa otra de las grandes preocupaciones de los padres y dio respuesta a la pregunta que muchos de ellos se hacen sobre el futuro de sus hijos cuando ellos no estén. Así, el notario Manuel Lora-Tamayo Villacieros trató la opción de poder hacer un testamento, ya que la entrada en vigor de la Ley 8/2021 también afecta a la forma en la que se formaliza esta figura.

En relación a esto, el notario destacó que en la nueva legislación española en materia de discapacidad prima la dignidad de la persona con discapacidad y, por tanto, la posibilidad de que éstas puedan realizar un testamento por sí mismas y la prohibición de que alguien pueda hacerlo por ellas.

Para ello, explicó que se tendrá en cuenta la capacidad mental de cada persona, es decir, si entiende la información, si la retiene o si la integra en el proceso de toma de decisiones, así como las ayudas con las que puede contar para hacerlo, como el notario, las personas de apoyo o la utilización de sistemas alternativos de comunicación para evitar en cualquier caso posibles influencias indebidas.

Por otro lado, abordó la necesidad de que las familias con hijos con discapacidad realicen un testamento para proteger precisamente sus derechos, siempre teniendo en cuanta sus necesidades y valorando cuáles son las mejores opciones para ellos.

Por último, animó a los padres asistentes a la jornada a ver estos cambios legislativos como una oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual sean incluidas en el ámbito jurídico, al igual que está ocurriendo en otros ámbitos, antes que como una amenaza a la supuesta “protección” que veían en el ordenamiento anterior.