Baena Bocanegra censuró en este sentido a las acusaciones –ejercidas por los imputados Francisco Correa y Pablo Crespo y por el exfiscal Ignacio Peláez- por tratar de buscar “la responsabilidad penal de los jueces” cuando no están de acuerdo con sus resoluciones.

“Sin respeto a los jueces no se puede estar en la justicia”, señaló antes de asegurar que en este procedimiento “se trata de tachar de prevaricador a un juez por combatir uno de los delitos más graves en un contexto de crisis”, en referencia al blanqueo de capitales.

El letrado, en su exposición ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, subrayó que el proceso abierto contra Garzón “se enmarca en un contexto singular” ya que, entre febrero y octubre de 2009, tuvo que “soportar” la interposición de tres querellas por prevaricación, “el delito que más hiere en el corazón de un juez”, por el que su cliente “está sufriendo”.

INTERVENCIÓN JUSTIFICADA

Baena Bocanegra afirmó además que la decisión adoptada por Garzón en febrero de 2009 de ordenar intervenir las conversaciones que Correa y Crespo mantuvieran en prisión “pertinente y justificada” por la “gravedad de los delitos” perseguidos y por los “indicios” que señalaban que había “abogados que participaban” en el blanqueo de capitales. “A pesar del ingreso en prisión de los cabecillas no se paralizaron las actividades delictivas”, indicó.

Subrayó asimismo en este contexto que la decisión de intervenir las comunicaciones en prisión “fue compartida, asumida y no impugnada por el Ministerio Fiscal, quien tiene atribuida la defensa de la legalidad”.

Además, en contra de lo sostenido por las acusaciones, aseguró que la ley sí permite grabar las conversaciones en prisión de los internos. “Claro que se puede grabar”, dijo.

Baena Bocanegra señaló asimismo que, según la propio doctrina de la Sala de lo Penal, para que la decisión de un juez pueda ser considerada como prevaricadora debe “suponer una patente injusticia que no puede justificarse mediante una interpretación razonable”, algo que, a su entender, no se produjo en el caso de su cliente.

DERECHO DE DEFENSA

El letrado añadió que el derecho de defensa estaba asegurado a través de la “cláusula de salvaguarda de las garantías de los abogados” incluida por Garzón en el auto de intervención de las comunicaciones.

La defensa de Garzón criticó además que el propio Ignacio Peláez se reuniese en la prisión de Soto del Real (Madrid) con Correa y Crespo sin que estos fueran clientes suyos y sin cumplir con su obligación de pedir permiso al juez de instrucción, en este caso a Garzón.

RECUSACIONES

El letrado también aseguró que tanto a él como a Garzón les costó un “enorme trabajo” tener que plantear recusaciones contra los magistrados del Supremo. La defensa del juez llegó a interponer un total de siete recusaciones, de las que fueron aceptadas cinco.

“Apartar cualquier aroma de falta de imparcialidad es bueno para la justicia”, señaló el abogado del juez suspendido.

Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.

"Garzón podrá ser como quiera, pero es un buen juez, en el sentido más puro de la palabra", concluyó Baena Bocanegra