Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro explicó que se reintegrará el dinero a los ciudadanos si a partir de esta segunda instancia judicial se les da la razón.

La jurisdicción penal estará exenta de esta reforma y las personas que no tengan medios económicos suficientes no deberán hacer frente a este coste adicional.

El titular de Justicia indicó que propondrán este cambio dentro de un nuevo modelo de tasas que van a plantear para que se introduzca un “uso racional” de la Administración de Justicia, puesto que la litigiosidad es uno de los problemas fundamentales de los tribunales.

Argumentó que en la actualidad hay en España un “abuso de acceso a órganos judiciales”, algo que, dijo, afecta sobre todo a la segunda instancia judicial, que sufre un riesgo de “colapso”.

En cuando la asistencia jurídica gratuita, el ministro dijo que este principio se va a mantener, aunque se estudiará la sugerencia de algunas comunidades autónomas en el sentido de que si se carece de medios para poder tener un abogado deba acreditarse documentalmente.