En la carta, que firman la Cámara de Comercio Alemana en España, la Asociación Económica Hispano-Suiza, la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona y las patronales de productos sanitarios y medicamentos, Fenin y Farmaindustria, advierten de que esta deuda, sumada a la demora media en el pago de más de 500 días, “coloca a España en una situación insostenible”. Además, advierten de que da lugar a un “riesgo real de que se produzcan problemas de suministro de algunos productos”.

Los firmantes añaden que esta situación está deteriorando “la imagen exterior de la marca España, que tanto preocupa a la Administración”. “Es uno de los problemas que más está deteriorando el posicionamiento de nuestro país en los mercados internacionales y amenazando el futuro de las operaciones comerciales en España”, aseguran.

Asimismo, recuerdan “la creciente preocupación de la población española por el futuro del Sistema Nacional de Salud, a la que contribuyen sin duda las noticias relativas al incesante incremento de la deuda sanitaria”.

SITUACIÓN DE INDEFINICIÓN

En su escrito al presidente del Gobierno, los firmantes también lamentan “la actual situación de indefinición” y reclaman soluciones coincidiendo en el tiempo con el inicio de la actual legislatura.

Así, consideran que, aunque el anuncio de la concesión de créditos extraordinarios para las Comunidades Autónomas y la intención del Gobierno de respaldarlas constituyen “mensajes positivos”, no son suficientes, y advierten que “si no se actúa sobre el problema de la deuda sanitaria se deteriorará aún más la credibilidad y la imagen de España como país fiable para inversores y compañías, y se llevará a muchas empresas nacionales a la quiebra”.

MEDIDAS PARA LA ESTABILIDAD

Ante un escenario que definen como “altamente preocupante”, proponen una “serie de medidas para la estabilidad frente a la deuda sanitaria de las Comunidades Autónomas”, que dirigen tanto al presidente del Gobierno como a los ministerios de Economía y Competitividad; Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Su primera propuesta, destinada a hacer frente a la deuda contraída, es “la necesidad de establecer plazos temporales concretos; la identificación de un interlocutor único en el Ejecutivo y el diseño de un mecanismo, respaldado por el Gobierno central, que establezca un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero efectivamente va a llegar a las empresas del sector”.

Con el objetivo de evitar que la cuantía de la deuda siga creciendo, también proponen “establecer un marco que asegure la aprobación de presupuestos realistas que eviten la infrafinanciación”.

Además, solicitan “una gestión eficiente y racional de los presupuestos y una despolitización de la Sanidad, en la que la toma de decisiones se base en motivos asistenciales y no electorales, y cambios regulatorios que doten a las empresas de protección jurídica en su actividad con las administraciones”.

Según los organismos firmantes de la carta, estas medidas permitirían afrontar el tema de manera “realista y eficiente”, y tranquilizarían a los accionistas internacionales, evitando “la desaparición de muchas empresas, la pérdida de muchos puestos de trabajo y la ruina de muchos pequeños empresarios”.