Así lo indicaron en una declaración institucional firmada por todos ellos tras una reunión mantenida en Santiago de Compostela, en la que estas comunidades, gobernadas por PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja), PP (Castilla y León y Galicia) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), subrayaron que comparten “intereses comunes, que nacen de sus características sociodemográficas, económicas e históricas”.

En este sentido, estas ocho comunidades resaltaron que suponen un 61.97% de la superficie española y un 24,13% del total de su población, por lo que “estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus administraciones, que deben presentar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de ciudadanos del país”.

“La demografía, tanto en la situación actual como en sus perspectivas de futuro, es el mayor desafío que afronta España y tiene carácter crítico”, señala la declaración institucional, en la que añaden que “la emergencia demográfica tiene repercusiones a nivel económico, social, cultural medioambiental, fiscal, educativo, sanitario y de movilidad”, por lo que reclaman “fomentar la cohesión territorial y adoptar medidas que permitan paliar y revertir la evolución de esta realidad”.

NUEVO SISTEMA

En esta línea, resaltaron “la necesidad de que España acometa de manera pronta el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan”.

Para acometer la reforma del sistema de financiación, los ocho firmantes reivindicaron que ésta “solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el gobierno central y cada comunidad”.

Asimismo, instaron al Gobierno central “a definir cuanto antes una metodología de trabajo que permita a todas las administraciones aportar sus particularidades y necesidades concretas, estableciendo un calendario para ello, así como a definir los principios básicos que rijan el nuevo modelo de financiación autonómica”.

En este sentido, los ocho presidentes autonómicos firmantes reclamaron que, de cara a calcular los recursos necesarios que el sistema aporte a las comunidades, éste atienda “a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales”. Así, aseguran que “además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema”.

“La asignación de recursos entre las comunidades autónomas debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios”, indica la declaración institucional, que añade que, para ello, es “necesario reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, dentro de unos estándares de calidad aceptables”.

En esta misma línea, señalaron que “defendemos la creación de un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las comunidades autónomas”, así como que “la potenciación de los mecanismos de nivelación a través de una dotación suficiente de los mismos debe garantizar el cumplimiento de este principio”.

Por otro lado, estas comunidades mostraron su “absoluto respeto a las comunidades con intereses diferentes a los que defendemos en esta materia”, añadiendo a continuación que “el objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que representamos en el ejercicio de nuestra autonomía, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos”. “Ese es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las comunidades y evitar desequilibrios territoriales”, agregaron.

Por ello, reclaman que “el modelo resultante de las negociaciones” del nuevo sistema de financiación “deberá respetar la igualdad de todos los españoles, protegida por la Constitución, así como rechazar privilegios económicos o sociales, como recoge el artículo 138 de la Carta Magna”, y defienden “un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mimas oportunidades”.