Según apuntó Díaz ante la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, la crisis de la Covid-19 ha agravado aquellas barreras de acceso a la información y la comunicación “que ya existían previamente” y a las que, a lo largo de los años, “a pesar de lo establecido en la legislación, se han ido dando soluciones parciales y claramente insuficientes”. Una cuestión de la que responsabiliza a las propias administraciones ya que, según manifestó, “su laxitud en el cumplimiento del mandato de accesibilidad universal atenta contra el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas sordas”.

En opinión de la presidenta de la CNSE, la solución radica en entender las necesidades y la realidad comunicativa de todas las personas sordas sin excepciones porque “tenemos derecho a elegir como comunicarnos”. A ello contribuiría, según manifestó, la presencia de intérpretes de lengua de signos, de servicios de videointerpretación como SVIsual, la formación en lengua de signos por parte del funcionariado, y la “incorporación de cualquier otro recurso que facilite la atención directa como textos escritos, pantallas, bucles magnéticos, señalética, etc.”

PERSONAS MAYORES SORDAS

Otro tema que preocupa a la Confederación y que puso sobre la mesa Díaz, es el aislamiento al que se ven sometidas muchas personas mayores sordas y en situación de dependencia. “Los servicios de atención sociosanitarios tienen la obligación de crear un entorno inclusivo y saludable para estas personas”, recalcó.

Para Concha Díaz, la dejación que los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día, los centros residenciales muestran hacia este colectivo es “injustificable” porque “se les está dificultando disfrutar de un envejecimiento activo y una vida independiente”.

En este sentido, instó a senadoras y senadores a erradicar lo que ella misma calificó como “una situación sangrante de abandono y soledad”, a través de acciones como la formación en lengua de signos y en estrategias de comunicación por parte de los profesionales implicados en dichos servicios; la creación de equipos referentes de asistencia sociocomunitaria en lengua de signos itinerantes que lleguen también a las zonas rurales; y la consolidación de Vidasor, un servicio de videoasistencia y acompañamiento dirigido a personas mayores sordas y en situación de dependencia.

EMPLEO

Precisamente, a la falta de compromiso con la promoción en materia de empleo de las personas sordas aludió la presidenta de la CNSE durante su comparecencia. Muestra de ello son los especialistas en lengua de signos, “una profesión vigente desde hace más de 40 años que sigue sin contar con reconocimiento y regulación oficial”.

Asimismo, urgió a la puesta en marcha de mecanismos que fomenten la empleabilidad de las personas sordas y contribuyan a ampliar sus perspectivas laborales. Entre ellos, eliminar la restricción que tienen los conductores sordos para conducir camiones y furgones; revisar la normativa de prevención de riesgos laborales; y regular el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Es necesario asegurar la presencia del intérprete de lengua de signos, así como de las ayudas técnicas o medios de apoyo a la comunicación que la persona sorda precise durante las pruebas selectivas, la adaptación de los puestos de trabajo una vez superadas las pruebas, y el acceso a una formación continua con los apoyos que la persona sorda precise, afirmó.

ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LA FORMACIÓN

Antes de finalizar su intervención, Concha Díaz hizo un llamamiento a la Comisión para resolver las carencias que vive el alumnado sordo en institutos y universidades de toda España. “Han de disponer de intérpretes de lengua de signos española, o en su caso, de lengua de signos catalana, desde principio de curso y durante todas las horas lectivas”. Un requerimiento el de la accesibilidad que, tal y como puntualizó, también es “necesario” para el aprendizaje de lenguas cooficiales y lenguas extranjeras en las Escuelas Oficiales de Idiomas para que las personas sordas puedan obtener la titulación correspondiente habiendo superado las pruebas de comprensión y expresión escritas, “eximiéndoles de realizar las pruebas orales y de escucha en caso de que así lo soliciten”.

Por último, expresó su confianza en que la recuperación y la transformación de nuestro país contemple un nuevo marco de cooperación entre las administraciones públicas y el tercer sector de acción social, y en el caso de la CNSE, con el movimiento asociativo de personas sordas. “Solo así seremos capaces de dar respuesta a los grandes retos sociales que presenta cada territorio y las ciudadanas y ciudadanos sordos que los habitan”, finalizó.