Rafael Larreina, diputado de Amaiur en el Congreso, valoraba así que Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, haya denegado beneficios carcelarios a cerca de 500 reclusos etarras, al considerar que no se habían arrepentido, por lo que pretendían que se cometiera un "fraude de ley".

Larreina dijo a Servimedia que “el fraude de ley es no respetar literalmente todo lo que dice la legislación penitenciaria”. A su juicio, “lo que hay que hacer es sacar la política penitenciaria de la confrontación partidista y aplicar la ley a todas las personas que están en prisión”.

A su juicio, “el elemento fundamental es que el Gobierno está tratando de forma totalmente diferente a los presos de ETA que al resto de las personas que están en prisión”.

A juicio de este representante de Amaiur, “lo que debe hacerse, de una vez por todas, es que la legislación penitenciaria se aplique a todos por igual”.