Así se desprende del último anuncio realizado este viernes por la cartera dirigida por Teresa Ribera, que comunicó que esta orden ya ha salido a audiencia pública para elaborar el listado final de gasolineras que estarán obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica, así como determinar las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento. El plazo para presentar alegaciones y propuestas estará abierto hasta el próximo 13 de diciembre.

Según explicaron desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la propuesta de orden cumple el mandato de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que emplaza al Gobierno central y las comunidades autónomas a elaborar un listado de gasolineras obligadas a instalar puntos de recarga.

Según la propuesta del Ministerio, este listado estará formado por las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019, que deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kilovatios (kW) en un plazo de 21 meses desde la entrada en vigor de la citada ley, es decir, para febrero de 2023. Según el Gobierno, más de 200 gasolineras están incluidas en este grupo.

La orden ministerial también recoge que las estaciones de servicio con ventas superiores a 5 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 tendrán un plazo de 27 meses desde la aprobación de la ley –agosto de 2023– para instalar al menos un punto de recarga superior a 50 kW.

El Ministerio también quiere incluir en la lista definitiva a las estaciones de servicio “más relevantes en cada territorio”, así como las abiertas este 2021 y las que hayan realizado este año modificaciones de su título habilitante.

En estos dos últimos grupos, el Gobierno calcula que un total de más de 800 gasolineras se verían afectadas por la orden ministerial.

La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica también establece que el titular de la estación de servicio deberá cumplir la obligación “tanto si es el titular del punto recarga como si no lo es”, siempre que el punto “se ubique dentro de las instalaciones de suministro de combustible y carburante”.

El control del cumplimiento de la obligación recaerá en los órganos competentes en materia de registros de gasolineras de las comunidades autónomas.

TRES EXCEPCIONES

Por último, el Ministerio ha propuesto introducir tres excepciones a la obligación con carácter general. En concreto, las gasolineras que ya dispongan de un punto de recarga con las mismas características al que deban instalar estarán exentas de esta orden, así como las instalaciones que no puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de calidad y seguridad industrial “que sean de aplicación”, y las infraestructuras “en las que sea inviable ejecutar la acometida eléctrica necesaria para el punto de recarga”.

Esta orden ministerial se enmarca en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que establece el objetivo de disponer de cinco millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030, “sin problemas para recargar sus baterías”. Con vistas a 2023, el Gobierno se ha fijado la meta intermedia de 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga. En la actualidad se estima que hay unos 15.000 puntos de recarga de acceso público.