En su intervención de esta cuarta sesión del juicio, el fiscal Miguel Serrano defendió que los cargos actuales del Gobierno y la Fiscalía “son absolutamente ajenos” a los hechos que se estudian en esta vista. La defensa del comisario pidió que Sánchez, Delgado y Marlaska comparecieran ante el tribunal con el objetivo de que aportaran pruebas de que Villarejo es un corrupto, tal y como han manifestado públicamente.

Para el fiscal, ninguno de ellos “tiene ninguna capacidad, ni en concreto ni en abstracto, para afectar a la imparcialidad de este tribunal. Y los juicios paralelos que haya habido sobre el caso son absolutamente ajenos a este procedimiento".

Con el objetivo de afianzar la idea de que Villarejo era un agente encubierto que realizaba delicadas misiones en defensa del Estado y que estaba autorizado a realizar las acciones que se le imputan, su defensa pidió que testificaran los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González; los exministros de Interior Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera; el exsecretario de Estado Rafael Vera; los jueces Fernando Andreu, Diego de Egea y Alejandro Abascal y los fiscales Eduardo Torres Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix.

El ministerio público se opuso a estas testificales y también a las del comisario exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y del inspector Rubén Eladio López porque cree que las batallas internas en el cuerpo son “ruido extraprocesal".

Serrano se pronunció, sin embargo, a favor de que el exdirector del CNI Félix Sánz Roldán compareciera como testigo con las limitaciones de la Ley de Secretos Oficiales, y también el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, los exresponsables de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino y Florentino Villabona, y varios policías. Además, admite que declaren la periodista Ana Rosa Quintana, cuyo marido es uno de los acusados.

La Fiscalía rechazó los argumentos de nulidad de la causa esgrimidos por las defensas, incluida la anulación de las grabaciones incautadas a Villarejo en los registros en su domicilio que todas las defensas han intentado dejar fuera del juicio.

AGENTE ENCUBIERTO

El fiscal Miguel Serrano, que respondía este miércoles a las cuestiones previas planteadas por las defensas, admitió que Villarejo pudo ser un agente encubierto que colaborara con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero insistió en que lo que se juzga en esa causa es si se valió de esa condición para enriquecerse.

“No negamos que sea un espía o que colaborase para los servicios de inteligencia españoles. Lo que nos interesa es si aprovecha esa función autorizada y conocida por sus mandos, incluida su colaboración con el CNI, para lucrarse”, dijo el fiscal, que no se opuso a incorporar la documentación sobre una operación suya en Guinea en colaboración con el CNI: “El papel de Villarejo como Policía de inteligencia en ejercicio no lo ponemos en duda. Su condición aleatoria o estructural de colaborador del CNI no la ponemos en duda. El que pudiera incluso estar autorizado para usar sus empresas, es algo que tampoco ponemos en duda. A lo que no podía estar autorizado es a que, al hilo de esas funciones y con abuso de su condición policial, se lucrara al margen de esa actividad lícita”.

En esa misma línea, el fiscal sostiene que la documentación que solicita incorporar la defensa del comisario como su hoja de servicios o las condecoraciones que le concedieron demuestran que durante ese tiempo y estando en activo contrató con clientes privados. Y acabó asegurando que quien crea en “brujas” debe buscarlas “fuera de este procedimiento”.