La organización cree que las nuevas medidas aprobadas recogen avances “parciales o completos” en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario. No obstante, exigieron a las administraciones aplicar un mayor control sobre la cadena alimentaria para garantizar su aplicación para que las medidas no queden en “papel mojado”.

“La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más. Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial”, reclamó el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

En este sentido, Padilla exigió que se garantice que el sector primario perciba una remuneración por sus productos superior al coste de producción –como recoge la ley– con un refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios y de los órganos de control de las comunidades autónomas.

Entre las medidas aprobadas por el Congreso que más han gustado en COAG, se encuentran la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena alimentaria, la creación de un registro digital de contratos (aunque solo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores), la mejora de la figura del mediador, y un refuerzo del Observatorio de la Cadena, que ahora generará informes sobre la formación de precios de los alimentos, además de elaborar, publicar y actualizar índices de precios y costes de producción de forma periódica.

Sin embargo, COAG pide ahora aumentar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas, llevar a cabo campañas de información y explicación del alcance de las reformas introducidas, así como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de contratos alimentarios.

La organización reconoce que la ley “no va a solucionar todos los problemas del campo”, pero sostiene que ha de servir “para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal”, además de para repartir la carga ante situaciones como las actuales de tensión en los precios.

“No puede ser que, como siempre, sea el sector primario el único que se eche a la espalda los incrementos de los costes de producción que estamos sufriendo. La ley de la Cadena es y debe seguir siendo un instrumento clave para asegurar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena”, concluyó Padilla.