Díaz realizó esta afirmación durante un debate con otras activistas y mujeres con discapacidad, dentro de un acto institucional en homenaje a las mujeres y niñas víctimas de esta práctica, al que asistieron las ministras de Derechos Sociales y de Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, respectivamente.

Junto a Díaz, participaron en el debate Rosemary Kayess, presidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas; Cristina Paradero, activista con discapacidad del desarrollo, víctima y Premio Nacional de la Juventud 2021; Loli Minaño, mujer con problemas de salud mental, víctima e integrante de la Red de Mujeres de Salud Mental; y Ana Peláez, vicepresidenta del Comité contra todas las formas de discriminación de la Mujer de Naciones Unidas.

Según Díaz, se debe investigar más sobre cuántas personas fueron afectadas, porque “no tenemos datos” al respecto. En general, “las violencias que sufren las personas con discapacidad están muy invisiblizadas “ apuntó, y “hacen falta muchos más datos desagregados para conocer su impacto por género, edad, etc.”.

La misma idea expresó Ana Peláez, quien destacó que “más allá de la reforma del Código Penal, hay muchas otras maneras de promover las esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad. Desde los centros de secundaria que insinúan a las familias que “no se pueden hacer cargo de la higiene menstrual de las chicas”, a las residencias que, “de distintas maneras, más o menos indirectas, exigen la esterilización para aceptar a las personas”, explicó Peláez.

Señaló que, además, la esterilización a veces llega después de un episodio de violencia sexual, que “muchas veces se da en el ámbito más cercano de la víctima”, ya sea su familia, la asociación a la que acude o la institución donde vive. Por eso, “las autoridades deben investigar mucho más y promover un auténtico cambio de mentalidad”.

En esta línea, tanto Díaz como Peláez defendieron “formar a las mujeres y niñas con discapacidad para que tomen conciencia de sus derechos” y sepan identificar estas prácticas nocivas.

Por otro lado, Peláez subrayó que las mujeres y niñas que han sufrido esterilizaciones forzadas “tienen derecho al reconocimiento, la reparación y la compensación”, por lo que “este acto es un primer paso necesario, pero no suficiente”. “Hay que seguir trabajando”, declaró.

Según Cristina Paradero, el Gobierno debe escuchar a las asociaciones de personas con discapacidad, sobre todo a las organizaciones de mujeres, a fin de “tenernos en cuenta” y que la presencia de mujeres con discapacidad en la toma de decisiones “sea algo normal”. Las cinco destacaron el "dolor" que esta práctica causa en las mujeres que la sufrieron y se felicitaron por el paso dado por España con su prohibición.