Así lo indicó en su intervención desde la tribuna del Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de convalidación o derogación del real decreto ley que el Gobierno aprobó el 8 de noviembre con el objetivo de restaurar este impuesto después de que el 26 de octubre el Constitucional declarara anticonstitucional el método de cálculo de este tributo.

En su intervención, Montero resaltó el “tiempo récord” de la reforma, sobre la que destacó que tiene un “beneficio múltiple”, tanto para los ayuntamientos, al reestablecer este impuesto y darle así “certidumbre” sobre los ingresos con los que pueden contar en sus presupuestos, y, por otro lado, “para la ciudadanía”, al dar seguridad jurídica y permitirles ahora dos opciones distintas de calcular el impuesto.

Además, la ministra aseguró que el nuevo impuesto “avanza en una formulación más justa” y “resuelve un problema que suponía una merma” en los recursos de los ayuntamientos, por lo que “garantiza que la sentencia del Constitucional no suponga un deterioro de los servicios públicos”.

NOVEDADES

En concreto, la titular de Hacienda explicó que el nuevo impuesto sustituye los porcentajes utilizados hasta ahora por unos coeficientes máximos en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la venta. Estos coeficientes, además, se actualizarán cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado “teniendo en cuenta la evolución de los precios de las compraventas”, con el objetivo de “conseguir que los coeficientes estén ajustados en todo momento a la realidad del mercado, que es una de las exigencias del tribunal”.

En este sentido, la ministra también recordó que la nueva formulación del impuesto permite a los ayuntamientos corregir a la baja hasta un 15% los valores catastrales del suelo, “permitiendo que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio y a las propias competencias de los ayuntamientos”.

Por otro lado, el impuesto introduce la posibilidad de calcularlo mediante dos métodos distintos y que el contribuyente elija la que le sea más favorable. Así, por un lado podrá aplicarse el sistema objetivo que hace uso de los coeficientes, y, por otro, la posibilidad de que cada contribuyente tribute en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión del bien.

Por último, otra novedad es que el impuesto también se aplicará a aquellas operaciones que generen plusvalía en menos de un año, que hasta ahora estaban excluidas de la aplicación del tributo, con el objetivo de gravar las operaciones de fines especulativos.

CRÍTICAS AL PP

Por otra parte, la ministra catalogó como “curioso” que “algunos partidos que todo el día nos acusan de infligir severos hachazos fiscales a los contribuyentes, acudan deprisa a pedir a este mismo Gobierno que restaure el impuesto de plusvalía y se establezcan compensaciones por el periodo que no haya estado en vigor”.

En este punto, Montero se dirigió directamente a los diputados del PP para criticar “la paradoja” de que “alcaldes que consideraban injusto e incluso confiscatorio el método de cálculo del impuesto, reclaman ahora al Gobierno que les compense por lo que van a dejar de recaudar”.

Por último, sobre el impacto que podría tener en las arcas municipales el periodo vacío en el que el impuesto no estuvo en vigor transcurrido entre la sentencia del Constitucional y la aprobación del nuevo tributo, la ministra apuntó que, de los 8.000 municipios españoles, menos de la mitad recaudan por este impuesto, mientras que el resto no lo aplican. Además, indicó que de esos menos de 4.000 corporaciones locales que sí lo aplican, “en más del 75% no alcanza el 3% la recaudación de este impuesto respecto a sus ingresos corrientes”.