La población ajustada es una de las variables tenidas en cuenta en el modelo de financiación y determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales.

Por un lado, Hacienda ha analizado empíricamente indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos. Por otra parte, para complementar esta información también ha tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, que el actual modelo ya contempla. Además, incluye elementos correctores por despoblación y también tiene en cuenta los costes fijos vinculados al gasto, que tienen impacto en las comunidades menos pobladas.

GASTO SANITARIO

En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad y donde se aplican unos coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de la edad de sus beneficiarios. En la propuesta planteada ahora a las comunidades autónomas para la reforma, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. De esta forma, explicó Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.

Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información, de forma que, por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.

Con todos estos elementos, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%.

EDUCACIÓN

En cuanto al gasto en educación, Hacienda propone que la ponderación de esta variable se incrementaría desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25% y el 30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

A este respecto, el modelo actual del sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades en este ámbito tomando como variable la población de 0 a 16 años, de forma que quedaban excluidas otras etapas académicas como la universitaria o la Formación Profesional, que en la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda sí que se incorporan.

En este sentido, el documento elaborado por Hacienda plantea varias opciones de cómo podrían computar estas variables para conocer las preferencias de las comunidades.

En concreto, Hacienda propone por un lado evaluar las necesidades de la población no universitaria, la población de 0 a 17 años, según el padrón y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras comunidades autónomas, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinados territorios. También, propone evaluar las necesidades de la población universitaria, la población del padrón de 18 a 24 años, y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades.

Sin embargo, el documento plantea una segunda opción que incluirían la población no universitaria de 0 a 17 años y la población universitaria de 18 a 24 años, sin incorporar los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas.

Una tercera posibilidad también recogida en el informe es una población no universitaria de 1 a 17 años y alumnos de Formación Profesional superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.

SERVICIOS SOCIALES Y RESTO

Por otra parte, en el modelo actual el sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales en base a la variable población de 65 y más años, por lo que, teniendo en cuenta que estos recursos se focalizan en las edades más avanzadas, Hacienda propone incluir la necesidad de dividir ese grupo en dos: un tramo de personas entre 65 y 79 años y otro grupo de mayores de 80 años.

En este ámbito, Hacienda resaltó que “existe un elevado consenso en que los servicios sociales que asumen las comunidades autónomas alcanzan a una población que excede a los mayores”, por lo que en la nueva propuesta se incluye en esta variable los parados sin prestación por desempleo.

La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6% o un 10%. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%.

Respecto al gasto en el resto de servicios que realizan las Comunidades Autónomas, tras analizar diferentes alternativas, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable, por lo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada. En este caso, la ponderación de este indicador se reduciría del 30% actual a un baremo entre el 18% y el 22%.

VARIABLES GEOGRÁFICAS

Por otro lado, la población ajustada también se compone de unas variables correctivas que tienen como objetivo garantizar una adecuada prestación de servicios en aquellas comunidades cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto.

En ese sentido, el documento presentado tiene en cuenta “un desafío clave” para muchas regiones como es el reto demográfico, de forma que el conjunto de estos factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual a una horquilla entre el 3%-4% en la propuesta de Hacienda.

Entre estas variables correctivas de carácter geográfico se encuentra la superficie, que puede ser representativa de fenómenos como la despoblación y la dispersión y tiene influencia a la hora de prestar servicios de sanidad, educación o servicios sociales, o a la necesidad que genera de aumentar el número de centros para reducir los desplazamientos de los usuarios o hacerse cargo de dichos desplazamientos. Esta variable se pondera en kilómetros cuadrados.

Otro factor que tiene en cuenta la propuesta es la despoblación, sobre la que el informe describe la necesidad de analizar si, además de variables como la superficie, que consideran la densidad de todas las comunidades, es necesario identificar una variable concreta, con carácter más concentrado, que mida específicamente el problema que afrontan comunidades con zonas más despobladas.

El documento remitido por el Ministerio de Hacienda contempla diversas fórmulas para abordar el cálculo de esta variable. Una de ellas es tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media -sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes- lo que permite reforzar el resultado de las comunidades más despobladas.

Otra de las variables que se contempla en el documento sobre población ajustada tiene que ver con la dispersión, sobre la que la propuesta remitida contempla dos posibilidades. Por un lado, tener en cuenta la entidad singular de población habitada, es decir, cualquier área habitable del término municipal, considerando como tal un área habitable cuando existen viviendas habitadas o en condiciones de serlo. Un área se considera claramente diferenciada cuando las edificaciones y viviendas pertenecientes a la misma pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno y el conjunto de las mismas es conocido por una denominación.

Otra opción propuesta es considerar los núcleos de población habitados, que suponen un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto.

La propuesta también incluye la variable insularidad, que se ponderaría en función de los kilómetros de las islas a la península.

COSTES FIJOS

Por último, otra de las novedades del informe tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala, al considerar que este factor podría afectar a las siete comunidades autónomas de menor población y que, por lo tanto, “tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas”.

DIÁLOGO

Desde el Ministerio de Hacienda resaltaron que el hecho de que el Gobierno central traslade a las comunidades autónomas de régimen común una propuesta inicial de reforma del modelo de financiación “para establecer un diálogo multilateral” supone “un cambio respecto a reformas de modelos anteriores”.

El documento remitido por Hacienda recibirá a partir de ahora las aportaciones y observaciones de todos los territorios, para lo que el departamento liderado por Montero ha pedido a las comunidades que realicen sus aportaciones durante los meses de diciembre y enero.

Asimismo, Hacienda destacó que su propuesta parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos foros.

La propuesta del Gobierno considera que la población ajustada “es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que existe un notable consenso”. Sin embargo, Hacienda entiende que “es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto”, ya que “actualmente se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en 2009”. “Por lo tanto, es posible apostar por un cálculo de población ajustada más realista, sofisticado y con mayor estratificación”, aseguró el Ministerio en un comunicado.

Así, el informe elaborado por Hacienda, de 240 páginas, “incluye un examen exhaustivo de múltiples variables que se podrían tener en cuenta y argumenta los motivos técnicos que llevan a escoger unas en lugar de otras”.

El Ministerio de Hacienda indicó que su objetivo “es abrir un debate leal y riguroso, que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras, y que apueste por un modelo racional, en el que los intereses de todas las comunidades confluyan”.

Ya que la población ajustada no es el único elemento que configura el sistema de financiación, como pasa en el modelo actual, la voluntad del Gobierno es “ir cubriendo etapas para sacar adelante una reforma del sistema que requerirá de altura de miras y de la voluntad de comunidades y formaciones políticas para alcanzar un acuerdo”.