Así lo señala el organismo en una nota a pie de página en su informe anual ‘Pensions at a Glance 2021’ en el que se refiere al acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales en verano sobre la primera parte de la reforma de pensiones “a petición de la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia”.

La OCDE considera en el informe que el acuerdo de verano no incluye medidas concretas sobre “sostenibilidad financiera” y, aparte de indexar las pensiones con los precios, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es “vago”. Considera que el diseño del mecanismo que sustituya la reforma de pensiones de 2013 es “nuclear”.

No obstante, señala en una nota a pie de página que después de que este informe se enviara para su publicación, se presentó un borrador sobre el MEI con un incremento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos -0,5 puntos a pagar por las empresas y 0,1 puntos por los trabajadores- hasta 2032. “Las contribuciones adicionales se acumularán en el fondo de reserva de las pensiones, lo que ayudará a mitigar el impacto financiero de la jubilación de las generaciones del baby-boom”, recoge.

Sobre el acuerdo con los agentes sociales para incentivar el retraso de la jubilación, la OCDE destaca que la propuesta se implementaría hacia el final de 2023 e incluye el cambio en las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas, siendo en términos generales más bajas salvo para quienes se retiren prematuramente 23 o 24 meses antes de la edad legal. Además, se incluyen incentivos para el retraso de la jubilación como un aumento del 4% de la base reguladora de la pensión por año que se aplace o un pago único.

Según el organismo, para que esos incentivos sean adecuados para alargar la etapa laboral, los pagos “deberían ser calibrados cerca de la neutralidad actuarial”.

Por otra parte, el organismo internacional asegura que las protestas de los pensionistas españoles ilustran “no solo la necesidad de consenso político” en un ámbito como las pensiones, sino que la introducción de un mecanismo automático que resulte en “una disminución constante en términos reales” durante la jubilación es “cuestionable” porque los jubilados tienen “poca posibilidad de ajustar sus ingresos”. En esta línea, incide en que las medidas deben introducirse “lo suficientemente pronto”, de lo contrario, “cuando las promesas en pensiones” que se hicieran en el pasado se demuestran insostenibles financieramente, “es poco probable que la carga de ajuste esté bien compartida entre generaciones, o incluso peor, la estabilidad macroeconómica puede verse amenazada en última instancia”.