Fedea recordó que la variable de población ajustada “es un indicador de necesidades de gasto que repondera las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías”. De esta forma, “si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada aseguraría que todas las comunidades pueden ofrecer prestaciones similares a sus ciudadanos, aunque estas tengan mayores costes en unos territorios que en otros”.

Desde la fundación, apuntaron que la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica (Cerfa) de 2017, introdujo en su propuesta novedades como la introducción de una partida de costes fijos; de un indicador de pobreza o exclusión; el desdoblamiento de la variable de necesidades educativas para incorporar un indicador de necesidades de gasto universitario; la introducción de ponderaciones por tramos de edad en la población de más de 65 años; y la actualización del indicador de necesidades de gasto sanitario.

Así, Fedea valora positivamente el hecho de que Hacienda mantenga en el documento enviado a las comunidades autónomas “el núcleo” de esa propuesta realizada por la Comisión de Expertos, “excepto en el caso del indicador de necesidades de gasto universitario, donde se inclina en principio por primar a los usuarios potenciales sobre los reales -la población en edad de cursar estudios universitarios en lugar de los estudiantes matriculados-”. Ambas propuestas, la de los expertos y la de Hacienda, coinciden también en la recomendación de basar las ponderaciones de los indicadores de demanda de los cuatro grandes bloques de servicios autonómicos en los pesos observados de estos bloques en el gasto real de las comunidades en años recientes.

Sin embargo, Fedea considera que “la parte más discutible de la propuesta del Ministerio tiene que ver con la introducción de dos ajustes ‘ad hoc’ que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer ‘trajes a medida’ en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas”. En concreto, Fedea se refiere al reparto “por bloques” de la partida de costes fijos que se propone “en base a un confuso e innecesario ejercicio de análisis de ‘clusters’ y de la introducción con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas comunidades”.

En este sentido, Fedea considera que la propuesta de Hacienda “comportaría cambios significativos en relación con el modelo todavía vigente en términos de las necesidades de gasto reconocidas a algunas comunidades”, y advierte que “algunos de ellos resultarían difíciles de justificar en base a la evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los servicios autonómicos”.

Así, Fedea calcula que, en relación con el sistema actual, Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de siete puntos porcentuales, gracias fundamentalmente a las correcciones ‘ad hoc’ por costes fijos por segmentos y por despoblación, mientras que Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores.