Salud mental

Cermi reclama un entorno jurídico efectivo para mejorar los derechos humanos en materia de salud mental

MADRID
SERVIMEDIA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en colaboración con la Confederación de Salud Mental España, solicitó este miércoles que se aprueben medidas urgentes para que los derechos humanos en la esfera de la salud mental entren de pleno en la agenda política y legislativa, que actualmente están riesgo ante la posible aprobación del Protocolo Adicional de Oviedo.

Así lo manifestó durante la Jornada Virtual ‘Derechos humanos y salud mental', bajo el lema ‘Agenda política pendiente’. Concretamente, en sus dos mesas redondas en las que se trató el punto de vista de las fuerzas políticas parlamentarias y también las alternativas comunitarias. Los ponentes de ambas mesas trasladaron desde una visión política su preocupación por la salud mental y ofrecieron alternativas.

La primera mesa, moderada por la presidenta de la CNSE y vicepresidenta del Cermi, Concha Díaz, contó con la participación de la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel; la del PSOE María Luisa Carcedo; la de Ciudadanos Sara Giménez; y la del PP Rosa Romero.

Concha Díaz insistió en “reforzar la gestión y ejecución de las políticas que abordan los temas relacionados con los derechos humanos en materia de salud mental”.

Asimismo, la mesa redonda sobre alternativas comunitarias para una mejor salud mental fue moderada por la redactora fefe de Sociedad de la Agencia Servimedia, Mayte Antona, y en ella participaron el experto en política sanitaria Fernando Lamata; la doctora especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Esther Artacho Aznar; y el presidente de Cermi Cantabria y de Asacasam/Salud Mental Cantabria, Ignacio Fernández. Ellos explicaron las alternativas comunitarias para una mejor salud mental y valoraron la nueva estrategia de salud mental.

Durante esta última mesa se insistió en el compromiso para continuar trabajando en la prevención y promoción de la salud mental. Todo ello con la aplicación y creación efectiva de leyes y normativas que garanticen la creación de un entrono jurídico que posibilite los derechos de las personas y más aun de las personas en riesgo de exclusión social.

(SERVIMEDIA)
15 Dic 2021
ABS/clc