García Castaño, conocido como ‘el Gordo’, es uno de los principales acusado en el juicio por las piezas ‘Land’, ‘Iron’ y ‘Pintor’ que se celebra en la Audiencia Nacional. En respuesta al fiscal Miguel Serrano, aseguró que Villarejo es un monstruo que han creado los políticos y defendió que “tenía autorización para actuar" como lo hizo.

El exjefe de la UCAO dijo ante en la vista que a lo largo de su carrera ha tenido “cuatro Vilarejos” en su unidad. Antes esta afirmación, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le pidió que explicara exactamente qué quería decir con esta afirmación. García Castaño explicó que se trata de "cuatro policías que estaban en activo y tenían su empresa y sus negocios y facturaban con ellos porque eran su tapadera y estaba perfectamente autorizado".

Éste era un modelo conocido dentro de la Policía y al que estuvo adscrito Villarejo desde su ingreso en el cuerpo en los años 90. "Toda la corporación sabía perfectamente qué hacía y que era un policía en activo al que se le permitía usar una estructura empresarial para el beneficio de la Policía y también el CNI". De hecho, dijo, si sus actuaciones se consideraban irregulares se le pudo haber detenido hace años porque su ‘modus operandi’ siempre fue el mismo.

Con estas declaraciones, el excomisario trató de normalizar las actividades de Villarejo con las que él colaboró y por lo que ahora se sienta en el banquillo con una petición fiscal de 87 años de prisión por formar un “consorcio criminal” con el principal acusado en este juicio.

Según desveló durante su declaración, él en persona pudo ver cómo "directores de la Policía, directores adjuntos operativos de la Policía y a secretarios de Estado daban instrucciones" a Villarejo para hacer investigaciones privadas utilizando sus empresas.

El exjefe de la UCAO reconoció al fiscal haber entregado datos e información a Villarejo para operaciones policiales y aseguró que Villarejo tenía la “mala costumbre” de grabar sus conversaciones y de escribir “lo que quería” en sus agendas. En ese sentido, aseguró que muchos de esos apuntes son falsos y en concreto citó algunos que le situaban en una comida con el presidente, Pedro Sánchez.

Entrando en aspectos concretos de su actuación, García Castaño negó haber facilitado información sobre el despacho Baldes IP Law, que Villarejo investigaba por encargo del bufete Herreo&Asociados, y rechazó así las acusaciones vertidas en ese sentido por el inspector Riaño, que compareció ayer ante el tribunal.

FONDOS RESERVADOS

García Castaño aseguró que él no entregaba información “sin más” a Villarejo y explicó al fiscal cuando tenía dudas “consultaba con el director adjunto operativo, el señor Eugenio Pino", que en alguna ocasión le dijo que no había ninguna investigación en marcha y, en consecuencia, la denegó.

Insinuó, eso sí, que Villarejo podía tener otras vías de información, señalando al exinspector Constancia Riaño, que ayer le responsabilizó de todas las entregas de datos. El fiscal Serrano le preguntó por los ingresos en efectivo de 500.000 euros en sus cuentas a lo largo de varios años, que García Castaño atribuyó a pagos con cargo a los fondos reservados por misiones que están bajo secreto.

Pese a ello, explicó como ejemplo que cuando viajaba a Francia y tenía que pagar a “alguna autoridad francesa porque colaboraba con nosotros, le llevaba el dinero en efectivo”. Ese dinero, dijo, lo podía gastar en “lo que quisiera” porque “me estaba jugando la vida”. Es más, llegó a afirmar que cobraba de los fondos reservados del Ministerio del Interior “desde el golpe de Estado del 23 de febrero”. La presidenta del tribunal cortó esta deriva del interrogatorio del fiscal.

Pero Serrano insistió y preguntó al excomisario si los fondos reservados se podían pagar regularmente o si estaban específicamente vinculados a cada operación. Según explicó, el responsable de esos fondos en Interior bajo mandato de Jorge Fernández Díaz, el agente Miguel Ángel Bayo, le pagaba “5.000 euros mensuales”.

Y detalló: "Eso, por una parte. Luego el dinero de los gastos operativos de mi unidad y el dinero de los gastos que se me daban para operaciones especiales como la operación Cataluña, por ejemplo". Ante tanta locuacidad, su propio abogado interrumpió el interrogatorio para pedir que se respetara “la ley de secretos oficiales". Después, hubo un receso ordenado por Murillo para estudiar el asunto, tras el cual García Castaño se negó a hablar de más operaciones porque “me puedo meter en un lío”.

Aún así, el abogado de Villarejo le volvió a preguntar por operaciones concretas y le elogió por “su importante servicio al Estado”. García Castaño explicó que fue él quien descubrió la vivienda en la que se escondían los terroristas del 11-M, se describió como contacto de "los servicios de inteligencia más importantes del mundo" y aseguró haber sido condecorado en tres ocasiones por el KGB.

Explicó también algunas de las misiones llevadas a cabo por Villarejo como agente encubierto, Entre ellas, citó la creación de una empresa de distribución de bebidas en Uruguay, a través de la cual hacía entregas a etarras que vivían en ese país. Confirmó la colaboración del excomisario con el CNI, la relación con la familia real saudí, y aseguró que Villarejo accedió a “toda la documentación clandestina que tenía Sadam Husein”, todo para apuntalar la imagen de ‘superagente’ con la que Villarejo quiere presentarse ante el tribunal.