El Consejo de Ministros aprobó la norma el pasado 18 de mayo y la remitió al Congreso, que inició su recorrido parlamentario con 742 enmiendas (una a la totalidad, presentada por Vox y rechazada el pasado 24 de junio, y 741 parciales).

Se trata de una de las normas del Gobierno más enmendadas de la legislatura, junto con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que recibió 757 enmiendas en su primer paso por el Congreso.

El texto del Ejecutivo incluye la creación de dos impuestos 'verdes': uno indirecto de 0,45 euros por kilogramo sobre los envases de plástico de un solo uso y otro de depósito en vertedero.

La norma incluye objetivos que afectarán a la vida cotidiana, pues bares y restaurantes estarán obligados a dar agua de grifo gratis a los clientes que la pidan, se prohibirá la venta de artículos de plástico de un solo uso (como platos, cubiertos y pajitas) a la entrada en vigor de la ley, y los comerciantes cobrarán por vasos y envases de plástico de comida rápida a partir de 2023.

El Gobierno llegó a vetar 46 enmiendas de la oposición por considerar que afectaban a la capacidad recaudatoria del Estado con esas nuevas figuras impositivas, pero finalmente retiró ese veto.

La fase de ponencia en el Congreso concluyó con la aceptación de 49 enmiendas transaccionales pactadas entre varios grupos parlamentarios y de 47 enmiendas parciales. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó este jueves sólo algunas enmiendas transaccionales y el informe de la ponencia (con 20 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones), de manera que el texto pasará la próxima semana al Pleno de la Cámara Baja antes de su envío al Senado.

NOVEDADES

Una de las novedades es que se establecen más objetivos de recogida separada de botellas de plástico para su reciclaje: el 70% en peso respecto a lo introducido en el mercado en 2023, el 77% en 2025, el 85% en 2027 y el 90% en 2029.

Si no se cumplen los objetivos nacionales para 2023 o 2027, en el plazo de dos años se implantará en toda España un sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y otros envases. Así, el productor cobrará a sus clientes una cantidad por cada envase, incluso en la venta a distancia o por máquinas expendedoras. Los consumidores tendrán derecho a recuperar el depósito que dejen una vez que devuelvan la botella o la lata a la tienda y los vendedores deberán informar a los consumidores sobre cuánto cobrarán por depósito del envase.

Este sistema ya se aplica en 10 países europeos (Alemania, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania, Noruega, Países Bajos y Suecia) y en un plazo de tres años llegará a Bielorrusia, Eslovaquia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía y Turquía.

Además, la ley indica que, como muy tarde el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación con al menos 400 metros cuadrados de superficie deberán destinar como mínimo un 20% de su zona de venta a productos sin embalaje primario, es decir, a la venta a granel o con envases reutilizables.

Los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos, bebidas y alimentos cocinados deberán aceptar que los consumidores lleven bolsas, táperes o botellas debidamente higienizados, si bien los comerciantes podrán rechazarlos si los consideran sucios o no adecuados.

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la norma se prohíbe fumar en las playas, lo cual será sancionado con una multa de hasta 2.000 euros.

Los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones con amianto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma y tendrán que elaborar un calendario de retirada. Los lugares públicos con mayor riesgo para la población por contener amianto deberán estar gestionados antes de 2028.

Además, los residuos de medicamentos deberán ser entregados y recogidos en los mismos lugares donde sean comprados y las personas propietarias de fincas tendrán que declarar si han realizado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo cuando transmitan esa propiedad.

PORTAVOCES

Daniel Viondi, del PSOE, comentó en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que la norma es “esperada y necesaria”, y que “sólo un negacionista climático puede decir no a esta ley”. Esther Padilla, también del Grupo Socialista, comentó que el texto es “ambicioso” e “innovador”, y otorga un “papel protagonista” a la prevención de residuos.

Sin embargo, José Ángel Alonso y César Sánchez, del PP, criticaron que la ley incluya dos nuevos impuestos cuando “la situación social y económica de España no admite más cargas económicas a empresas, autónomos y familias”.

Pablo Juan Calvo, de Vox, apuntó que la norma supone un “intrusismo estatal” al incluir “trabas burocráticas”, “quiebra la unidad de mercado”, defiende “intereses creados al socaire de la economía circular” y supone una “cruzada ‘antiplásticos’”. “Tras la huelga de juguetes, sólo les falta proponer una huelga de envases de plástico porque no se sienten reciclados”, indicó.

“Buena idea lo de la huelga de envases”, señaló Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos, mientras presidía la Comisión. En su turno de portavoz parlamentario, recalcó que la ley “no es perfecta”, pero da “un paso adelante en la gestión de residuos” cuando “las basuras son el síntoma de un modelo de consumo que está acabando con los recursos del planeta”, y auguró “una gran aceptación” de los ciudadanos cuando tengan que depositar una pequeña cantidad de dinero por comprar un envase de plástico y recuperarlo después cuando lo retornen a la tienda.