El dictamen de la comisión salió adelante con 192 votos a favor, 116 en contra y 4 abstenciones. A los votos del PP se sumaron los de CiU, UPyD y UPN.

Hasta minutos antes de la votación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, negociaron con el PSOE para cerrar un acuerdo y que apoyaran la ley, aunque no fue posible y los socialistas votaron en contra.

Esta norma, que desarrolla la reforma de la Constitución acordada por PSOE y PP el verano pasado, obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio o superávit en sus cuentas y prohibirá que incurran en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales.

Desde el PSOE denunciaron que el PP ha incumplido el pacto del verano pasado, que recogía fijar el déficit estructural en el 0,4% y no en el 0% que dice el texto ahora.

El texto establece un periodo transitorio hasta 2020 a efectos de convergencia y de conseguir el déficit cero, y permite al Ministerio de Hacienda enviar una delegación para valorar la situación económica y presupuestaria de las administraciones que incumplan.

DEFENSA DEL PP

La diputada del PP Ana María Madrazo defendió que la aprobación de esta ley es un “paso fundamental para que España inicie la recuperación económica y la creación de empleo”.

Además, aseguró que ponen los “cimientos” para que el conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno “puedan fructificar, nos hagan salir de la crisis” y “recuperar confianza frente a los mercados y los socios europeos”, algo fundamental para conseguir financiación.

APOYOS

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, subrayó que tras unas “intensas negociaciones” con el Gobierno, su grupo va a votar a favor porque “hemos conseguido cambiar algunos aspectos sustanciales”, como que las comunidades puedan destinar parte importante de los recursos que se generen cuando se produzcan la recupera económico se destinen a la inversión, y no sólo a reducir deuda pública.

Además, se permitirá que las comunidades autónomas que hayan cumplido con su déficit público puedan amortizar su deuda pública.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo explicó que la norma no es la que le hubiera gustado a su grupo, ya que “no va tan lejos” de donde ellos consideran necesario, pero que sí avanza “sustancialmente” desde el punto de partida. Así, indicó que apoyan el texto por “responsabilidad” y “convicción”.

También apoyó la ley el diputado de UPN, Carlos Salvador, quien destacó la importancia de avanzar en la senda de la estabilidad de las finanzas públicas.

El portavoz del PNV en el debate, Pedro Azpiazu, criticó la ansiedad del Gobierno de “querer ser el campeón” del déficit cero y atender a los requerimientos de los mercados. Azpiazu justificó la abstención de su grupo tras haber llegado a un acuerdo con el PP en una enmienda sobre las haciendas forales.

VOTOS EN CONTRA

Desde las filas del PSOE, el diputado Pedro Saura defendió la voluntad de su grupo para llegar a un acuerdo con el Gobierno porque “entendemos que la estabilidad presupuestaria es muy importante”.

La respuesta, lamentó Saura, es “el partidismo” por “no aceptar ni una sola de las enmiendas” presentadas por el PSOE y esperar hasta este mismo jueves para contestarles.

Por parte del grupo La Izquierda Plural, el diputado Alberto Garzón alertó de que esta ley no conseguirá “calmar” a los mercados, porque éstos son “insaciables” y “no van a parar de seguir en su empeño de exprimir a cualquier economía europea”. Por ello, votan “radicalmente en contra” de la misma.

Dentro del Grupo Mixto, Uxue Barkos (Geroa Bai) lamentó la “sacralización” del déficit cero, Teresa Jordá (ERC) afirmó que la ley es un “auténtico finiquito al Estado del bienestar y el modelo autonómico”, y Rafael Larreina (Amaiur) advirtió de que España puede acabar siendo un “Estado fallido desde el punto de vista económico y social”.