Según las normas de la UE, toda circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo dentro de la Unión debe ir acompañada de un documento administrativo electrónico con datos sobre las mercancías, incluida información sobre la duración de su trayecto, explicaron desde la Comisión.

Las normas españolas imponen una penalización del 10% sobre los impuestos especiales de las mercancías con una multa mínima de 600 euros si la duración del transporte de los productos sujetos a impuestos especiales estimada por el agente económico es menor que la duración real.

También si la diferencia de duración ha sido descubierta por las autoridades fiscales durante la circulación de los productos sujetos a impuestos especiales.

La Comisión cree que una duración del trayecto estimada para los productos sujetos a impuestos especiales que sea inferior a la real “es independiente de cualquier intención fraudulenta y no impide cumplir su cometido al sistema de control de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales”.

Por esta razón, la Comisión considera que las normas españolas en materia de sanciones son “desproporcionadas”. Así, Bruselas pide oficialmente a España que modifique su legislación en un plazo de dos meses. Esta solicitud ha adoptado la forma de un “dictamen motivado”, que constituye la segunda fase del procedimiento de infracción.

A falta de una respuesta satisfactoria dentro de este plazo, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.