Según informó Telefónica en un comunicado y remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pacto social fue aprobado por unanimidad por parte de la empresa y los sindicatos, con 24 votos a favor, ninguna abstención ni voto en contra.

Dentro del pacto social se encuentra un ‘Plan de Suspensión Individual’ (PSI) de empleo voluntario para 2022. Podrán adherirse los trabajadores que cumplan 55 años o más en 2022 y tengan una antigüedad superior a 15 años en la empresa.

Se han establecido porcentajes máximos de adhesión según las áreas y atendiendo al excedente funcional justificado en base a palancas de negocio y la compañía estima que cerca de 2.700 empleados se acogerán a este plan de salidas incentivadas, lo que situaría su coste actual en el entorno de los 1.500 millones de euros (antes de impuestos), cifra que se contabilizará en el cuarto trimestre de 2021.

Los ahorros anuales promedio de gastos directos se estiman por encima de los 230 millones de euros a partir de 2023.

“En cualquier caso, el impacto en generación de caja será positivo desde 2022 al igual que la captura de ahorros, ya que la salida de empleados se prevé tenga lugar durante el primer trimestre de 2022”, indicó Telefónica.

El pacto con los sindicatos abarca la igualdad y diversidad; las nuevas formas de trabajo, que consolidan modelos híbridos; la incorporación y retención de talento; la formación continua de los trabajadores (‘reskilling’ y ‘upskilling’) y la movilidad funcional y geográfica para ajustarse a las necesidades del negocio.

Los sindicatos CCOO y UGT votaron ayer, lunes, favorablemente a este plan destacando que, si bien no recogen todas sus peticiones, sí han logrado que las salidas sean voluntarias, que se garantice la movilidad geográfica y la actividad en las provincias, así como una dotación de rentas que permita la estabilidad económica de quienes se acojan.