De este modo, los sujetos interpelados podrán manifestarse, entre mañana y el próximo 10 de febrero, acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Podrán hacerlo a través del siguiente buzón de correo electrónico: ‘nuevaleyserviciossociales@mdsocialesa2030.gob.es’, considerándose validas sólo aquellas propuestas en las que el remitente esté identificado.

El Gobierno considera que este proyecto legislativo “refuerza y vertebra” el sistema de protección social en vigor, “asegurando un modelo de gobernanza que en ningún caso va en detrimento del ejercicio de la competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas”.

Desde su punto de vista, actualmente “existe una gran pluralidad en la organización de los servicios sociales en cada territorio”, una diversidad que “permite adaptarse a las necesidades locales”, pero que “también genera diferencias en la oferta de servicios que puede esperar la ciudadanía”.

Por ello, “la creación de un marco legal estatal para los servicios sociales permitiría garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español, avanzar hacia unos servicios sociales universales, consagrando el derecho subjetivo de la ciudadanía a contar con esa cobertura y protección, y facilitar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno”.

Por último, “permitiría avanzar en la mejora de la calidad de los servicios sociales, definiendo su alcance, replanteando requisitos mínimos comunes y los estándares de información, reforzando la rendición de cuentas y promoviendo su modernización para abordar las necesidades de la ciudadanía”.