La primera de estas denuncias fue la presentada el 4 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia por Julián Simón de la Torre, diputado por Burgos y uno de los 27 cargos públicos socialistas cuyos nombres fueron difundidos por Arenas como asistentes a acts de protesta que terminaron en altercados contra sedes del PP. En ella se pedían 500.000 euros en concepto de indemnización que se destinarían a organizaciones humanitarias que trabajan en Iraq.

En su auto, el juez comunica a las partes la admisión a trámite de la demanda y abre un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición ante este mismo juzgado.

La demanda señalaba que Simón de la Torre había ejercido sus derechos fundamentales recogidos por la Constitución al defender una potura de oposición a la guerra en Iraq, "manteniendo siempre un exquisito respeto al ordenamiento jurídico".

En el ejercicio de ese derecho, explicaba el relato de hechos, el diputado coincidió con cientos de miles de ciudadanos de forma pacífica y respetuosa, en actos que en algunos casos pudieron verse empañados por una minoría que incurrió en actitudes violentas, entre ellas, el ataque a las sedes y reuniones convocadas por el PP.

"A los efectos de dañar la imagen, la reputación y el honor de m principal, está haciendo uso de todo tipo de medios de comunicación como radios, televisiones y agencias de información para difundir noticias absolutamente falsas, con el único fin de desprestigiarlo, imputándole falsamente los hechos que se relatan en el expositivo cuarto", aseguraba la demanda.

Recordaba, además, que los ataques a las sedes del PP podían revestir incluso carácter delictivo, por lo que el lugar para su valoración y enjuiciamiento eran los correspondientes tribunales, "sin que a díade hoy se tenga constancia del inicio de ninguna acción judicial contra mi representado".

El relato, que se acompañaba con enumeraciones de las declaraciones de Arenas y recogidas por varios de comunicación, se refería a la actitud del PP como "táctica preconcebida de desprestigio del PSOE y de todos susmiembros o cargos públicos".

Añade que estos hechos ocasionaron un "evidente perjuicio moral" al afectado, y recordaba que, según la legislación vigente, el perjuicio se presume siempre que se acrdite la intromisión ilegítima, "lo cual se tiene acreditado muy sobradamente en este caso".

"En consecuencia, y por la lesión efectivamente producida, dada la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación y en la opinión pública, esta parte interesa la condena del demandado y solidariamente de todo aquel que en un futuro se demuestre haya participado en los hechos constitutivos de tal violación, a la cantidad de 500.000 euros, los cuales, toda vez que a esta parte no le mueve ningún interés atrimonial, serán destinados a aquellas organizaciones humanitarias que actúen en Iraq. De igual modo, actuando en nombre del Partido Popular, se interesa la condena subsidiaria de esta formación política".

El demandante pide además al juez que proceda a "publicar y emitir a costa de los demandados la sentencia que se dicte en los mismos medios de comunicación que han venido utilizando para desacreditar a mi principal".