En su recurso, Llamazares alega que entre los dos tipos de medicamentos que se han excluido no sólo figuran principios activos que pueden ser catalogados de dudosa eficacia sino otros "que tienen actividad demostrada y que son necesarios para tratar síntomas de diversas enfermedades, algunas de ellas graves, tanto agudas como crónicas".

De hecho, asegura que entre los medicamentos excluidos hay algunos recogidos en la lista de "esenciales" de la Organización Mundial de la Salud.

Esa exclusión, advierte, "puede tener serios efectos en la salud de las personas más vulnerables y puede incrementar las desigualdades sociales en salud".

Llamazares cree que esa decisión incumple dos artículos de la Ley General de Salud Pública.

En primer lugar, el artículo 3, según el cual "las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto".

También el 35.1 y 3, según los cuales las administraciones "deberán someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en esta ley", y esa evaluación "deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones".

El recurso se fundamenta jurídicamente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entiende que la decisión del Gobierno "incurre en anulabilidad" de acuerdo a esa ley, según la cual son anulables los actos de las administraciones "que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder".