En declaraciones a la cadena SER recogidas por Servimedia, Wert abogó de hecho por “abrir un debate” sobre si este modelo “resulta compatible con los valores constitucionales”, ya que si no lo es, no hay ninguna razón para discriminar económicamente” a aquellos centros que lo oferten.

De ahí que en el caso de que prevalezca el criterio del Supremo (recogido en dos sentencias que encuentran esta modalidad educativa incompatible con el artículo 84 de la LOE), Wert manifestó que “no se excluye un cambio legislativo para evitar las dudas que puedan existir a este respecto.

El Tribunal Constitucional será quien determine si lo que dicen estos dictámenes (donde se avala la retirada de los conciertos a dos colegios que segregaban al alumnado) es obligado según el citado artículo 84, siempre que las partes decidan recurrir, apuntó Wert.

Por tanto, si prevalece la interpretación del Supremo, se pueden estudiar formas para que, "con un cambio en la ley”, se consiga “la compatibilidad de ese modelo con todas las medidas de evitación de la discriminación en la enseñanza que contiene la LOE” y que el ministro dijo compartir.

Wert rechazó de todos modos hablar de plazos, y se limitó a señalar que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ya supone una reforma parcial de la LOE, y que esta debe pasar un amplio período de consultas y, tras su presentación en el Congreso a finales de octubre o principios de noviembre, seguir todo el proceso parlamentario.

COMO EN CATALUÑA

En opinión del ministro, este debate se parece al que existe en Cataluña “respecto al empleo del castellano como lengua vehicular”. No importa cuántos lo soliciten, importa “si es legítimo y si los padres tienen derecho” a escoger esta opción, declaró.

Wert, que recordó que en Estados Unidos y en Reino Unido existen más de 500 y 440 centros públicos con educación diferenciada, respectivamente, señaló que la última decisión sobre la concesión de conciertos educativos depende de las comunidades autónomas, pues es su ámbito competencial.

Son casos litigiosos derivados de las decisiones de los tribunales, que se desarrollan en ambos casos en el ámbito de la gestión educativa correspondiente a las CCAA, afirmó.

Finalmente, el ministro subrayó que las dos sentencias (referidas a sendos centros de Andalucía y Cantabria) se acatarán, aunque insistió en que una aclaración del Supremo vendría bien.