Lo propone en sus enmiendas al proyecto de ley de saneamiento y venta de los activos financieros del sector inmobiliario.

El objetivo del PNV es "poner freno a las millonarias retribuciones, indemnizaciones, pensiones o cláusulas de blindaje de los altos cargos de entidades financieras rescatadas con dinero público".

Para ello, plantea que los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas por el Frob no perciban cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por administradores o cargos directivos".

Propone limitar las retribuciones anuales a 40.000 euros para los miembros de los órganos colegiados de administración, y a 150.000 euros anuales las de los presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de esas entidades.

El PNV considera "indignante e inmoral" el cúmulo de indemnizaciones y sueldos "astronómicos" de los directivos de entidades rescatadas con dinero público.

Recuerda, en ese sentido, que el pasado mes de junio el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PNV por la que se pedía al Gobierno que procediera "a convertir las buenas intenciones en ley de obligado cumplimiento".