Según informa Competencia, existen sospechas de posibles prácticas anticompetitivas en este sector, consistentes en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios y de otras condiciones comerciales o de servicio, así como en la limitación de la distribución en la totalidad del territorio español.

Estas conductas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción de la Ley de Competencia.