En nota de prensa, el sindicato considera que con esta medida el Ejecutivo está “canjeando” las autorizaciones de residencia por la compra de pisos.

En su opinión, el Gobierno lo tendrá difícil para modificar el reglamento de extranjería para incluir este requisito “sin contravenir los procedimientos, requisitos y principios establecidos en la ley”.

Además, considera que “esta propuesta es una nueva muestra” de cómo el Ejecutivo entiende la inmigración “desde un punto utilitarista y económico, rompiendo el principio de la migración en función de las necesidades del mercado de trabajo que ha constituido la base de la política migratoria española en los últimos 8 años”.