Para la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), estas medidas, que podrían afectar a más de 7.000 personas sordas censadas en la región, estarían vulnerando uno de sus derechos básicos: el acceso a la información y a la comunicación que garantiza la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

La jornada de protestas celebrada ayer, martes, comenzó con una concentración frente a la sede de la Diputación General de Aragón y finalizó en ese mismo punto con una manifestación por Zaragoza que reunió a más de 600 personas sordas para mostrar su descontento ante la política del IASS.

Bajo el lema 'No a la exclusión social, no a los recortes', el presidente de ASZA, Eduardo Estella, estuvo acompañado por varias autoridades locales, como el presidente del Cermi Aragón, Santiago Villanueva; la diputada de IU y portavoz de Sanidad en las Cortes, Patricia Luquin; o la portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas.

El presidente de ASZA resaltó el impacto negativo que tendrá la supresión de la subvención del servicios de intérpretes para las personas sordas y que provocará la interrupción inmediata de los servicios que actualmente se prestan con entidades como el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a través de su servicio de atención psicológica a mujeres sordas; el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), con un convenio de intermediación laboral; o con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que facilita intérpretes de lengua de signos al alumnado sordo de Secundaria.