Según recuerda UGT, el Congreso aprobó el pasado 29 de noviembre el real decreto de ayudas para los afectados por los incendios forestales y otros desastres naturales, ampliando el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre.

Sin embargo, añade, qunque con esta medida el Ejecutivo pretende compensar a las comunidades autónomas que han sufrido este tipo de siniestros en los últimos meses, "los criterios utilizados no facilitan la equidad a la hora de acceder a las ayudas, puesto que, por un lado, se limitan a desastres ocurridos a partir del mes de junio y no desde principios de año, como sería lo lógico".

"Y por otro lado", continúa el sindicato, "aplica unas limitaciones de dimensiones a los terrenos afectados, sin tener en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma".

UGT considera que "estas arbitrarias medidas dejan fuera a los afectados por los incendios u otros desastres naturales acaecidos con anterioridad al mes de junio, creando un claro agravio comparativo, como es el caso de los perjudicados por los incendios de Canarias, los de la sequía en Aragón, los de los municipios castellanoleoneses de Tabuyo, Castrocontrigo, Luyego, Quintana y Congosto o los de las heladas en la Comunidad Valenciana".