Según informa IU, las acciones políticas emprendidas por esta formación son consecuencia de la aprobación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, el pasado 15 de enero, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto.

En ésta se establece que, supuestamente, no existen riesgos para el medio ambiente en la zona. "No es así", señala Meyer. "La complejidad de las estructuras subterráneas y las nuevas técnicas de extracción que se han aprobado a nivel europeo suponen incalculables y evidentes riesgos para la biodiversidad de Doñaña".

Por este motivo, el europarlamentario de IU, en estrecha colaboración con el coordinador provincial de IU en Huelva, Pedro Jiménez, ha instado a la Comisión Europea a que "investigue las irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental llevada a cabo por el Gobierno español".

"No podemos permitir que, una vez más, los intereses económicos de una gran empresa se impongan, gracias a favores de políticos con claros conflictos de intereses en el asunto, al incalculable valor ecológico y social de un lugar único por su riqueza medioambiental", asegura Meyer.

Además de la solicitud formal enviada a la Comisión Europea para que investigue que la DIA cumple con todos los requisitos establecidos en la Directiva 2001/42/CE y no vulnera lo establecido en la normativa sobre protección especial de hábitats y aves, Izquierda Unida prepara una serie de iniciativas a nivel comunitario para "conseguir detener lo antes posible este atropello medioambiental".

Asimismo, el eurodiputado de IU ha informado a Bruselas sobre el posible tráfico de influencias en la decisión del Consejo de Participación del Parque Natural de Doñana de posibilitar el proyecto.

Apenas meses después de esta decisión, el máximo responsable de este Consejo, el expresidente del Gobierno Felipe González, dejó su puesto y pasó a ser consejero de la empresa encargada del proyecto, la multinacional Gas Natural-Fenosa.

Por ello, Meyer ha solicitado a la Comisión que "implemente mecanismos regulatorios para evitar a nivel comunitario las puertas giratorias que permiten constantemente a altos cargos de los sucesivos gobiernos ser contratados tras su mandato por empresas privadas que, en la mayoría de los casos, han recibido concesiones durante el mandato público de estos cargos en casos claros de tráfico de influencias".