Celma, en las más de cinco horas de declaración como testigo que prestó ante el instructor del caso, dijo que realizó las primeras advertencias tanto a Bankia como a su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), en octubre de 2011, según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.

En ese mes, con la cuentas de 2011 todavía por cerrar, el socio de Deloitte entregó un documento a los miembros de la Comisión de Auditoría de BFA en los que señalaba como “cuestiones pendientes” la valoración de Bankia en la matriz y la recuperabilidad de los créditos fiscales.

El testigo señaló que, a pesar de sus recomendaciones, los responsables de Bankia y BFA no le volvieron a convocar hasta marzo de 2012. No pudo por lo tanto asistir a las siete reuniones que el Comité de Auditoría de Bankia celebró entre octubre de 2011 y marzo de 2012, como tampoco pudo estar presente en los cuatro encuentros que celebró en ese periodo el órgano análogo de BFA.

Cuando por fin se reunió con el Comité de Auditoria de BFA, el 26 de marzo de 2012, Celma advirtió de que la situación había empeorado y manifestó sus dudas sobre la viabilidad del grupo. Lo mismo hizo en la reunión del Comité de Auditoría de Bankia celebrado al día siguiente.

El socio de Deloitte dijo que en ambas reuniones apoyó sus explicaciones con unos documentos de Power Point en los que, si bien no se expresaba textualmente las dudas sobre la viabilidad de la entidad, si considera que cualquier persona “profesional” podría haber entendido la importancia de la situación.

PROBLEMAS FINANCIEROS

Celma, en concreto, dijo que manifestó en marzo a los responsables de BFA que la situación de los créditos fiscales había empeorado y que para compensarlos harían falta unos beneficios futuros de 8.500 millones euros. Celma constató además que la situación había ido a peor debido tanto a la regulación bancaria europea como al Real Decreto por el que el Gobierno aumentó las exigencias para las provisiones de los créditos hipotecarios en las entidades financieras.

Por estos motivos, el auditor señaló a los responsables de BFA que tendría que incluir en las cuentas dos salvedades y un párrafo de énfasis manifestando sus dudas sobre su viabilidad.

En cuanto a Bankia, Celma manifestó en la reunión del 27 de marzo que había 3.000 millones de créditos fiscales que necesitarían de 11.000 millones de beneficio futuro para compensarlos.

Además, señaló a los responsables de la Comisión de Auditoría de la entidad que el impacto del Real Decreto del Gobierno se traducía en una necesidad adicional de 5.000 ó 6.000 millones de saneamiento futuro.

FALTA DE COLABORACIÓN

Celma también subrayó en su declaración que ni Bankia ni BFA remitieron a Deloitte la documentación que les había requerido. El testigo dijo que llegó a mandar a Bankia varios recordatorios para que le remitiesen los documentos que había pedido, relativos principalmente al grupo inmobiliario, pero señaló estos requerimientos fueron infructuosos. Ante esta falta de colaboración, el socio de Deloitte mandó en febrero de 2012 un correo electrónico a Bankia en el que llegaba a advertir que de seguir así no podría auditar las cuentas por falta de información.

GESTIONES DE RATO

El socio de Deloitte aseguró asimismo en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que la auditora no avaló las cuentas emitidas por Bankia en marzo de 2012 porque no se las llegaron a entregar. Contradijo de esta forma lo manifestado en sus declaraciones por Rato y la mayoría de los miembros de su consejo de Administración.

Estos números aprobados por el Consejo de Administración el 28 marzo de 2012, en los que Bankia aseguraba que la entidad tenía unas ganancias de 309 millones de euros, tuvieron que ser reformulados en menos de dos meses para reconocer unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

Celma dijo que Bankia no le llegó a remitir las cuentas aprobadas en marzo porque sus responsables no querían que se acompañaran de un informe negativo como el que Deloitte hubiese emitido.

El testigo también relató en su declaración las gestiones que a partir de ese momento hizo el equipo de Rodrigo Rato para salvar la situación. Una de las medidas fue crear un equipo en el que participó el Comité de Dirección, el banco de inversión Lazard, la consultora inmobiliaria Clifford Chance y la propia Deloitte para buscar soluciones, que inicialmente pasaron por una operación de fusión con otras entidades para poder obtener ayudas del FROB. Cuando se descartó esta vía, el equipo se centró en buscar una inyección de capital de unos 7.000 millones de euros, la misma cantidad contemplada en el plan que Rato elaboró ante los requerimientos del ministro de Economía, Luis de Guindos.

Celma dijo en este sentido que el primer plan que Rato presentó para recapitalizar Bankia, y que fue aprobado por el Banco de España el 17 de abril, tampoco garantizaba la viabilidad de la entidad.

El testigo reveló que en la noche del 18 de abril recibió una llamada de Rato en la que el por entonces presidente de Bankia le aseguró que estaba a punto de conseguir los 7.000 millones de euros. Celma le contestó que, de producirse, le firmaría un informe sin salvedades y que si era necesario trabajaría en él día y noche para tenerlo listo antes del 30 de abril, fecha tope para que la entidad presentara sus cuentas.

El socio de Deloitte dijo que llegó a remitir a Rato dos borradores de informe, que denominó “papeles de trabajo” y que se enviaron sin el membrete de la auditora, basados en la hipótesis de que se conseguirían los 7.000 millones de euros.

NIEGA PRESIONES DE ECONOMÍA

Celma explicó que estos 7.000 millones nunca llegaron por lo que no pudo emitir el informe a las cuentas aprobadas en marzo. El testigo dijo que el primer informe de Deloitte aprobó sobre las cuentas de Bankia fue el 25 de mayo, tras la salida de Rato, la llegada a la Presidencia de la entidad de José Ignacio Goirigolzarri y relativo a los números en los que se declaraban unas pérdidas 2.979 millones de euros.

El socio de la auditora negó ningún tipo de presión por parte del Ministerio de Economía de Luis de Guindos.

El fiscal Anticorrupción presente en la declaración, Alejandro Luzón, preguntó a Celma si avaló las cuentas de mayo para que Goirigolzarri pudiese empezar su gestión “tranquilo”, algo que el testigo negó tajantemente.