Antonio Peña, en representación de la APM, dijo a Servimedia que “el problema de cuando se hacen declaraciones en materia de justicia es la posibilidad de quedar afectado por esas declaraciones”.

A su juicio, “el fiscal general de Cataluña podría quedar afectado en el caso de que se plantease el ejercicio de algún tipo de acción penal” sobre la consulta, por lo que señaló que “hay que matizar mucho el principio de oportunidad con esas declaraciones”.

No obstante, Peña señaló que, a su juicio, Rodríguez Sol no ha incurrido en este caso en causa de contaminación, porque sus manifestaciones parecen hechas desde la “perspectiva jurídica”.

“Desde el punto de vista técnico no veo ningún problema en poder opinar”, aseguró este representante de la APM, en referencia al hecho de que el fiscal jefe de Cataluña haya especulado sobre la posibilidad legal de consultar a los ciudadanos de esta autonomía sobre si quieren independizarse de España.

En concreto, Rodríguez Sol, en una entrevista difundida este fin de semana y respecto a la consulta, ha manifestado que “hay un marco legal muy concreto y, a la vez, hay que intentar conectarlo con una realidad social de una parte importante de la población de Cataluña que cree que es mejor otro modelo”. A su juicio, “si no hay solución en Madrid, hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas”.

No obstante, el fiscal difundió este lunes un comunicado, en el que dice que rechaza "cualquier apoyo, directo o indirecto, a un proyecto secesionista" y precisó que sus comentarios en el sentido de poder preguntar al pueblo catalán en una consulta "parten del marco legal y comentan distintas posibilidades, que corresponderá desarrollar al poder legislativo".

También añadió este lunes que "no es posible un referéndum sobre la independencia con el actual marco legal, que comparte, respeta y acata".