En un comunicado, Ecologistas considera que ambos dirigentes son los principales responsables de que desde el año 2008 se haya permitido la caza ilegal del lobo ibérico (Canis lupus) al sur del río Duero, vulnerando, tal y como acaba de confirmar el Tribunal Supremo, la legislación europea y española sobre naturaleza, lo que ha puesto en peligro la conservación de esta especie protegida.

Añade que desde la aprobación del Plan del Lobo, el cupo de lobos a cazar establecido al sur del Duero ha sido de 60 ejemplares, mientras al norte de este río se ha autorizado la caza de 613, demostrando que la única vía de gestión del lobo ibérico para la Junta de Castilla y León sigue siendo la misma que en el siglo XIX: la erradicación a tiros.

"Ello a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya declaró en 2009 la ilegalidad del Plan del Lobo en todo lo referido a la caza de esta especie protegida al sur del río Duero", indica.

Según la Junta de Castilla y León, los ejemplares de lobo finalmente abatidos al sur del río Duero entre 2008 y 2012 han sido 20, junto a los 208 matados en el resto de la comunidad.

Sin contar los ejemplares víctimas de accidentes o furtivismo, esta situación configura "un panorama desolador de la política de conservación del lobo ibérico en Castilla y León, adoptada por la Dirección General del Medio Natural para satisfacer los intereses del lobby de la caza", según la organización.

Para los ecologistas, la "irresponsabilidad" que supone haber autorizado la caza de decenas de lobos y de haber abatido al menos una veintena al sur del río Duero cuando estaba prohibido y a sabiendas de la interpretación judicial de la Directiva de Hábitats debe conllevar el cese inmediato de los mencionados dirigentes políticos.

Además, recalca, ambos están pendientes de juicio por falsificar informes ambientales en el caso de la Ciudad del Golf, en Las Navas del Marqués (Ávila).